La Comisión Europea (CE) intentó ayer zanjar la polémica sobre el límite de déficit público. Se mantendrá el límite del 3% del producto interior bruto, pero se aceptará que los países que vienen cumpliendo los criterios superen ese listón de forma temporal para acometer reformas que aumenten la competitividad económica.
Dos de los protagonistas de la polémica, el comisario de Economía, Pedro Solbes, y el presidente de la Comisión, Romano Prodi, defendieron la bondad de la propuesta del Ejecutivo comunitario aprobada por unanimidad meses después de que ambos polemizaran sobre el rigor del límite del 3% para el déficit.
Prodi, que abrió un gran debate público al calificar de "estúpido" el pacto por su excesiva rigidez y cuestionar la línea más ortodoxa en la que se halla España con el déficit cero, indicó ayer que la reforma propuesta dará "más inteligencia y autoridad" al pacto de estabilidad al combinar "rigor y flexibilidad".
La solución beneficiará a Francia, Alemania (que prevé un déficit del 3,75% este año), Portugal e Italia, países que han superado el listón máximo o están a punto de hacerlo. Solbes afirmó que, si el Consejo Europeo da el visto bueno a las propuestas de la Comisión, se podrá actuar contra los estados que se alejen más de los objetivos económicos en caso de que no presenten estrategias para reconducir la tendencia.
"Queremos un sistema más previsible, más transparente y claro que se adapte mejor a cada situación específica en cada Estado", explicó Solbes. Entre los cinco puntos de la propuesta de Bruselas, figura la petición para que los estados definan sus objetivos presupuestarios con atención a la coyuntura económica. Los países aún lejos del objetivo del 3% tendrían que reducir su déficit en al menos un 0,5% de su PIB al año, según la segunda propuesta.
MEDIDAS DE RESPUESTA
En tercer lugar, los estados tendrán que evitar una relajación de las políticas presupuestarias y la CE activará los procedimientos del pacto de estabilidad contra aquéllos que emprendan esa vía.
La Comisión quiso dejar claro que los estados no podrán escudarse en que tienen que respetar el pacto de estabilidad para retrasar indefinidamente las reformas estructurales a las que se comprometieron los Quince en el Consejo Europeo de Lisboa en 2000.
