La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha incoado un expediente sancionador a nueve productoras eléctricas, entre ellas las tres principales, ante la posibilidad de que se ampararan en las restricciones técnicas del sistema --limitación de capacidad de la red-- para ofrecer energía a un precio más caro.

Esa situación se produce cuando, una vez saldado el mercado diario organizado por Omel, solo pueden generar electricidad unas determinadas centrales por problemas de capacidad de la red decretados por el operador del sistema, dependiente de Red Eléctrica (REE). Según los primeros indicios, "las empresas se podrían haber aprovechado de esta situación de dependencia hacia ellas para obtener unos ingresos superiores a los del mercado". Estas compañías habrían contado además con el apoyo de sus filiales dedicadas a la comercialización --que compran energía para revenderla a los consumidores en el mercado libre--, según la Comisión Nacional de la Competencia.

La operativa comienza ofreciendo unos precios desorbitados imposibles de que casen con la demanda en el mercado normal. Así, las compañías se aprovechan de su posición de dominio en unas zonas determinadas --las afectadas por las restricciones-- para vender la energía a un precio más elevado que en el mercado diario.

La investigación afecta prácticas de Iberdrola, Endesa, Gas Natural --incluyendo las actuaciones de Unión Fenosa, absorbida este año-- Hidrocantábrico, E.ON, Electrabel, Aceca, Elcogás y Nueva Generadora del Sur en el periodo 2004-2008

También se analiza la actuación de Iberdrola en el mercado mayorista de electricidad durante el segundo semestre del 2006, "que habría provocado un aumento significativo de las restricciones técnicas en España". Eso se produjo al retirarse del mercado normal diario durante el periodo citado, según la CNC.

MANDATO DE JULIO El proceso para determinar si las prácticas suponen abuso de posición de dominio o actuaciones concentradas ha sido iniciado por la dirección de Investigación de la CNC siguiendo un mandato del consejo del organismo del pasado 28 de julio.

Las compañías aún no han tenido acceso al expediente. Solo han recibido la notificación, según explicaron ayer. La medida ha sorprendido a expertos del sector, tanto por afectar a tantas compañías como por hacerlo durante tanto tiempo.

"O no funciona el sistema o está mal supervisado", dijeron algunos de ellos. Algún analista defiende una mayor regulación y dejar fuera del libre mercado a aquellas zonas del territorio que sufren cuellos de botella en materia de suministro de oferta y son muy dependientes.