Ocho comunidades autónomas, incluida Galicia, rechazaron ayer el nuevo modelo de formación continua que el ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, presentará el viernes al Consejo de Ministros para su aprobación mediante real decreto. Cataluña, Aragón y, con toda probabilidad, Castilla-La Mancha y Andalucía, presentarán un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el nuevo sistema, que entrará en vigor el 1 de enero del 2004.
El modelo de formación continua de Zaplana intenta evitar las dos sentencias del Constitucional presentadas por Cataluña y Galicia, aseguran las autonomías en rebeldía. Estos fallos reconocían el derecho de las comunidades autónomas a gestionar los 610 millones de euros (101.495 millones de pesetas) que se destinan a la formación de trabajadores.
En vez aplicar directamente la decisión del Constitucional, Zaplana ha cambiado todo el sistema para permitir a las empresas que decidan ellas mismas la formación de sus empleados y que desgraven directamente los costes de los cursos de las cuotas que pagan a la Seguridad Social. Al mismo tiempo nacerá una fundación que supervisará la buena marcha del sistema con la representación de los agentes sociales.
Zaplana insistió ayer en que este modelo de formación continua "revolucionario" es constitucional y cuenta con el dictamen favorable del Consejo de Estado además del apoyo de sindicatos y empresarios. Zaplana reconoció que una "minoría" de autonomías, que acudieron ayer a la conferencia sectorial de Asuntos Laborales, mostraron discrepancias con el modelo, pero negó que se haya abierto un conflicto.
Cinco autonomías gobernadas por el PSOE pidieron ayer en la reunión la palabra, además de los representantes de Cataluña, País Vasco, Galicia y Valencia. De las nueve intervenciones, sólo el exsecretario de Estado para la Seguridad Social y ahora consejero valenciano de Economía, Hacienda y Empleo, Gerardo Camps, manifestó su apoyo al nuevo modelo. El resto de dirigentes autonómicos cuestionaron la constitucionalidad del decreto y acusaron al Gobierno de no respetar a las autonomías y de usar métodos de diálogo franquistas.
