El 15 de julio, el Tribunal europeo condenó a España por conceder ayudas de Estado, ilegales, a la exportación del sector siderúrgico. La sentencia se limitaba a este sector, pues el proceso nació de una queja de los siderúrgicos franceses. Pero el fallo ha servido a Monti, para exigir a España que acabe con esta deducción de forma total.
