Todos los grupos parlamentarios, salvo el PP, votaron ayer a favor del decreto ley que refuerza las competencias de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) que, en la práctica, podría llegar a impedir la compra de Endesa por la alemana E.ON en aras de la defensa del "interés general".
El ministro de Industria, José Montilla, anunció que, una vez cumplido el trámite parlamentario, el Gobierno enviará de forma "casi inmediata" a la Comisión Europea la información solicitada. El comisario europeo de Mercado Interior ha abierto un expediente de infracción a España al considerar que las facultades de la CNE pueden frenar la libre circulación de capitales.
Ayer, el comisario de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia, dijo que este decreto podría ser discriminatorio y, por tanto, contrario a la legislación de la UE. "Se pueden alegar razones de seguridad nacional, pero no puede haber discriminación de empresas. Eso es sacrosanto", declaró Almunia en Bruselas.
RECURSO AL CONSTITUCIONAL El portavoz del Grupo Popular, Miguel Arias Cañete, justificó el voto en contra del PP porque el decreto es un "auténtico disparate jurídico", "innecesario", que "vulnera" el Derecho comunitario y la Constitución. Arias Cañete recordó la intención del PP de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional por los efectos retroactivos del decreto.
Todos los demás portavoces apoyaron la intención del Gobierno de evitar "la fuga" al extranjero de las grandes empresas energéticas españolas. Montilla explicó que la ampliación de las competencias de la CNE era necesaria por la "insuficiencia" de la legislación vigente.
A partir de ahora, la CNE deberá autorizar cualquier operación que implique la compra de más de un 10% de una empresa con actividades reguladas (transporte y distribución de gas y electricidad) o cualquier otro porcentaje que conceda "influencia significativa". La CNE podrá denegar la autorización o establecer condiciones si existen "riegos significativos" para las actividades reguladas o para proteger el "interés general" y deberá velar por los activos considerados "estratégicos", los que afectan a la seguridad del suministro. Hasta ahora, la CNE sólo podía analizar las operaciones de concentración cuando la compradora desarrollaba actividades reguladas en España.
La presidenta de la CNE, María Teresa Costa, defendió el "rigor técnico" de este organismo y dijo que "ha de ser independiente de cualquier consideración política". El vicepresidente de Gas Natural, Antoni Brufau, aplaudió la reforma de la CNE y que España marque "reglas propias en política energética".
