El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente el proyecto de ley de mejora de protección de los consumidores y usuarios que prohíbe los redondeos en aparcamientos y telefonía, facilita las bajas de los servicios, obliga a las compañías aéreas a informar del precio final del billete y permite que el comprador de una vivienda no tenga que suscribir la misma hipoteca que tenía que el vendedor. Asimismo, ha rechazado la enmienda introducida por el PP en el Senado para crear un fondo de garantía de bienes tangibles para casos como el de Fórum y Afinsa que solo ha contado con el apoyo de CiU.La ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, ha destacado durante el debate que en la ley se recoge que para darse de baja de un servicio se den las mismas condiciones que para darse de alta, que el consumidor tenga constancia de las quejas presentadas y que se le deberá asegurar una atención personal directa. La ley pretende acabar con las cláusulas abusivas para el consumidor y los obstáculos que existen a la hora de poner fin a un contrato. La ley señala que el "el consumidor podrá ejercer su derecho a poner fin al contrato en la misma forma en que lo celebró". Párkings, móviles y aerolíneasLos aparcamientos deberán cobrar "el precio determinado en función del tiempo real de prestación del servicio", es decir, "el precio se pactará por minuto de estacionamiento, sin posibilidad de redondeos a unidades de tiempo no efectivamente consumidas o utilizadas", según establece la ley. El aparcamiento deberá entregar al usuario un justificante con expresión de día, hora y minuto de entrada, y en caso de que el conductor deje las llaves también deberá recoge el resguardo la identificación del vehículo con la matrícula o cualquier marcador. La ley quiere dar "mayor claridad" en las modalidades de cálculo del precio de los contratos, "evitando la facturación de servicios no prestado efectivamente". De esta forma, en servicios como la telefonía, la ley establece que la factura del móvil sea computada por segundos. Respecto a las compañías aéreas y servicios similares, el proyecto de ley obliga a que se informe del "precio completo, incluidos impuestos, o presupuesto, en su caso". En toda información al consumidor sobre el precio de los bienes y servicios, incluida la publicidad, se informará del precio final completo, desglosando, en su caso, el importe de los incrementos o descuentos que sean de aplicación, de los gastos que se repercutan al consumidor y usuario y de los gastos adicionales por servicios accesorios, financiación u otras condiciones de pago similares.ViviendaEn cuanto a la vivienda, el proyecto de ley prohíbe que se trasladen los gastos que corresponden al vendedor como los impuestos en los que el sujeto pasivo es el vendedor o los gastos de conexiones a los suministros generales de la vivienda tales como el enganche del suministro de agua, gas, electricidad o el alcantarillado. Asimismo se establece así la libertad para elegir hipoteca. Respecto al servicio de información y atención al cliente, el proyecto de ley obligará a que haya "una atención personal directa, más allá de la posibilidad de utilizar complementariamente otros medios técnicos a su alcance". Asimismo, la nueva norma establece que la información precontractual obligatoria se facilite al consumidor de forma gratuita, sin costes adicionales.