Primera traba superada. El proyecto de ley para un nuevo impuesto sobre las transacciones financieras, conocido como tasa Tobin, podrá seguir su trámite parlamentario mediante incorporación de enmiendas parciales, gracias al aval de la mayoría del Congreso. El Gobierno, que prevé recaudar unos 850 millones de euros anuales con este gravamen sober la compraventas de acciones de compañías con un valor bursátil superior a 1.000 millones de euros, logró ayer el apoyo de muchas de las fuerzas que apoyaron su investidura y frenar las enmiedas a la totalidad y propuesta de devolución del proyecto de ley planteada por el PP, Vox y Ciudadanos.
Al igual que la semana pasada con la tasa Google, la mayoría del Congreso ha dado vía libre a la tramitación al rechazarlas tres enmiendas a la totalidad presentadas por el PP, Vox y Ciudadanos. Si llega a entrar en funcionamiento, este nuevo impuesto gravará con un 0,2 % la compraventa de acciones de empresas españolas con capitalización superior a los 1.000 millones de euros y que según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no afectará ni al ahorro de las familias ni a las pymes.
Las enmiendas a la totalidad fueron rechazadas por 196 votos en contra y 152 a favor. PSOE, Unidas Podemos, PNV, ERC, JxCAT, Compromís, Más País, EH Bildu y la Cup cerraron el paso con sus votos a las tres enmiendas de devolución que coincidían en que la tasa debería armonizarse a nivel europeo y tiene un impacto recaudatorio bajo.
RECAUDACIÓN / La ministra de Hacienda reprochó a la oposición de derechas que intente deslegitimar el sistema tributario e ir en contra de una fiscalidad justa con sus enmiendas y señaló que este impuesto busca una contribución justa del sector financiero. Negó que vaya a repercutir sobre los clientes finales y en torno a la recaudación prevista de unos 850 millones de euros anuales, puntualizó que «habrá que esperar a la aplicación definitiva» pero que en todo caso se trata de un impuesto que también está orientado a disuadir movimientos especulativos.
La titular de Hacienda y portavoz del Gobierno señaló durante su defensa del proyecto de ley de este impuesto que busca una contribución justa del sector financiero, toda vez que se ha beneficiado de un rescate durante la crisis del 2008 y recordó que la UE lleva más de siete años debatiendo su armonización.
