Los cimientos de la reforma laboral se empiezan a resquebrajar. El Congreso de los Diputados ha aprobado hoy una proposición de ley para taponar uno de los grandes coladeros de la precariedad que permitió la normativa aprobada con un decretazo por el Gobierno del Partido Popular en el 2012. La propuesta pretende acabar con la situación en la que se encuentran trabajadores como las limpiadoras de hotel, las 'kellys', o los subcontratados de mantenimiento de empresas tecnológicas con rebajas salariales de casi el 50%.
La proposición de ley fue presentada por el grupo parlamentario socialista dentro de su estrategia de ir desmontando la reforma laboral punto a punto y ha recibido el voto favorable de todo el Parlamento con la excepción de Ciudadanos, que se ha abstenido, y del PP, que ha votado en contra. El texto aprobado tendré que trasladarse a la ley, a diferencia de otras propuestas anteriores de carácter simbólico.
La propuesta aplica el principio básico en el mercado laboral de a igual trabajo, igual salario que, con la reforma laboral, se pueden saltar las empresas gracias a la firma de convenios colectivos propios que tienen más peso que los acuerdos sectoriales. La proposición establece que "las empresas contratistas y subcontratistas deberán garantizar a los trabajadores afectados por la contrata o subcontrata, durante el tiempo en que presten servicios adscritos a la misma, las condiciones laborales y de empleo esenciales previstas en el convenio colectivo que fuese de aplicación en la empresa principal o, en su caso, las que tendrían si fueran trabajadores contratados directamente por dicho empresario principal".
JUSTIFICACIÓN DEL PP
La diputada del PSOE Tamara Raya Rodriguez justificó la proposición por la situación que sufren muchos empleados subcontratados como resultado de "la precariedad laboral, la inseguridad y la pobreza que ha causado la reforma laboral", y ha enmarcado la iniciativa en "la cuenta atrás para devolver la dignidad a los trabajadores".
El PP ha justificado el rechazo a la proposición al considerar que supone "limitar la libertad de organización de la empresa" y que la normativa ya prevé mecanismos para evitar los abusos. En todo caso, el diputado Alfonso Candón ha indicado que "son los interlocutores sociales los que tienen que buscar un equilibrio" en las condiciones de la subcontratación.
ENMIENDAS DEL PARTIT DEMÒCRATA
Ciudadanos se mostró de acuerdo con el principio de mejorar las condiciones laborales de los empleados de las subcontratas pero ha calificado de "parche" la proposición al considerar que para mejorar las condiciones laborales es necesaria "una reforma en profundidad" y avanzar "hacia un contrato único", ha dicho el diputado Sergio del Campo.
Para Podemos, la propuesta aprobada supone "dar los primeros pasos en la dirección correcta" para atacar la subcontratación, que ha calificado como "uno de los principales problemas del mercado laboral".
El diputado convergente Carles Campuzano advirtió de que, a pesar del voto a favor del Partit Demòcrata Català a la propuesta, "hay que ser prudentes con la regulación porque existen abusos pero no podemos imaginar un tejido económico sin procesos de externalización", por lo que anunció la presentación de enmiendas al texto durante la tramitación de la reforma legal.
El mecanismo de las contratas 'low cost'
La proposición de ley modifica el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores e invalida elmecanismo utilizado hasta ahora por empresas hoteleras y de otras actividades que subcontratan una actividad con rebajas salariales que pueden llegar al 50% en el caso de las camareras de piso, que se han organizado en una asociación denominada Las Kellys. Esa rebaja contundente es posible gracias a un convenio hecho a medida de las compañías multiservicio subcontratadas.
El mismo principio laboral de igualdad entre trabajadores que ahora se intenta aplicar a la subcontratación fue el que dio pie a la regulación más estricta de las empresas de trabajo temporal (ETT) unos años después de su legalización.
El sindicato UGT ha mostrado su satisfacción por la iniciativa aprobada aunque ha advertido de que no soluciona del todo el problema de las empresas multiservicio.
