El Congreso de los Diputados ha instado al Gobierno a prohibir a las empresas energéticas cortar el suministro sin consultar con los servicios sociales para evitar que dejen sin servicio a personas en situación de pobreza energética. Unidos Podemos, cuyo grupo parlamentario ha propuesta la iniciativa, ha logrado el apoyo de todos los grupos parlamentarios salvo el PP, que se ha abstenido. La demanda de la cámara baja no es vinculante, con lo que el Ejecutivo podrá hacer oídos sordos.
Los diputados han reclamado que sean las eléctricas las que asuman el coste cuando los servicios sociales certifiquen que el consumidor no puede pagar. También han pedido que todos los hogares puedan acceder a un "suministro mínimo vital" sin que les cueste más del 10% de sus ingresos mensuales. Asimismo, han instado a una reforma del bono social para que vaya realmente dirigido a familias con bajos ingresos, un punto en el que el Ministerio de Energía ya está preparando cambios, entre otros aspectos para que lo sigan pagando las empresas.
El diputado del PP Guillermo Mariscal ha explicado que su grupo se ha abstenido porque hay puntos de la propuesta de Unidos Podemos que son de "imposible aplicación". En concreto, fijar una tarifa regulada y aplicar un IVA reducido a la energía (lo prohíbe, ha alegado, la Unión Europea). También ha asegurado que la iniciativa invade competencias de las comunidades autónomas, incluye una auditoría de los costes energéticos que ya hizo el Gobierno en la anterior legislatura, y pide recuperar los Costes de Transición a la Competencia (3.500 millones que se embolsaron las eléctricas) cuando el Ejecutivo ya ha solicitado permiso para recuperarlos a las autoridades comunitarias.
HASTA 10.000 MUERTES
Rafael Mayoral, de Unidos Podemos, ha mantenido que cada año mueren entre 7.000 y 10.000 personas en España por motivos relacionados con la pobreza energética. "Hay que decirle a las eléctricas que se acabó la ley del oeste en este país porque hay soberanía popular y hay un Parlamento que no les va a dejar hacer lo que quieran", ha clamado. El partido ha aceptado varias cambios en su propuesta a petición de otros grupos como Ciudadanos y el PSOE para lograr su apoyo y se ha mostrado confiado en que su iniciativa sirva para abordar una nueva ley contra la pobreza energética.
Melisa Rodríguez, de Ciudadanos, ha apuntado en este sentido que su grupo no comparte completamente el texto que ha salido adelante pero lo ha apoyado con la idea de poder alcanzar acuerdos mayores en la tramitación de una futura norma. Es necesario, ha destacado, porque uno de cada diez hogares están en situación de vulnerabilidad energética. En una línea similar se ha manifestado el PSOE, que se ha opuesto a rebajar el IVA por ser una medida que beneficiaría igual a las rentas bajas y a las altas.
