El PP, el PSOE y Ciudadanos rechazaron ayer en el Pleno del Congreso la pretensión del PDeCAT, respaldada por Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Esquerra Republicana (ERC) y PNV, de derogar el decreto ley que agilizó el cambio de domicilio de las empresas y que facilitó la salida de empresas catalanas tras el referéndum ilegal del 1 de octubre (1-O) y la declaración unilateral de independencia.
En defensa de su iniciativa, el portavoz presupuestario del PDeCAT, Ferrán Bel, aseguró que aquel decreto ley supuso «expropiar la capacidad de los accionistas» para decidir «algo que es básico» y que, a su juicio, corresponde decidir a la junta de accionistas, «los verdaderos propietarios de la empresa y no el consejo de administración».
A su juicio, se alegaron «motivos meramente técnicos» para modificar la ley de sociedades de capital cuando, según el diputado de la antigua Convergència, se demostró que «había otra motivación»: «Se había celebrado un referéndum que no tenía que haberse celebrado nunca y para el que no iban a llegar las urnas. El Gobierno tenía que reaccionar ante aquel fracaso», dijo.
Además, señaló que, si en Cataluña marcharon 2.536 empresas en el 2017, de la Comunidad de Madrid salieron 1.279, sin que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, estuviera proclamando la independencia, y pidió permitir que sean los accionistas los que puedan acordar la vuelta del domicilio social.
«¿Es cierto que Felipe VI llamó a ciertas empresas personalmente para recomendar a empresas que salieran de Cataluña? Lo dice la propia Seat», preguntó el diputado de ERC Gabriel Rufián, que consideró que «el peligro para la economía no es votar, sino evadir impuestos».
Por parte de Unidos Podemos, Josep Vendrell (En Comú) criticó ayer en el pleno del Congreso que este decreto buscaba «enseñar el camino de salida y provocar miedo económico».
