No le ha sido fácil al Consejo Económico y Social (CES) redactar un dictamen favorable sobre la paga de 2.500 euros por hijo nacido o adoptado a partir del pasado 3 de julio que pretende aprobar el Gobierno. Tras un duro debate, los agentes sociales llegaron ayer a un consenso sobre este dictamen, no sin antes incluir cinco objeciones a la medida aportadas principalmente por la patronal CEOE y por el sindicato CCOO.

Hasta ayer parecía casi imposible que los dos sindicatos mayoritarios y la confederación de empresarios llegasen a un acuerdo en el CES para dictaminar sobre la paga que ofrece el Gobierno como ayuda a los padres. La CEOE no veía muy clara la medida y, junto a CCOO, opinaba que se trata de un gasto social estructural de 1.200 millones de euros anuales que podría hipotecar el futuro de otras medidas sociales.

Por contra, UGT argumentaba que las cuentas del Estado llevan años arrojando superávit y que tanto los empresarios como el sindicato rival son conscientes de que el gasto social español aún mantiene un diferencial de siete puntos con la media del resto de la Unión Europea.

Finalmente, ayer se llegó a un acuerdo sobre el contenido del dictamen que será aprobado en el pleno del 19 de septiembre. El texto critica al Gobierno porque no ha pedido el dictamen del CES como es preceptivo, sino que ha tenido que ser la mesa del Congreso quien lo solicitara. Este procedimiento podría crear precedentes en futuras iniciativas del Ejecutivo, se quejan los miembros del consejo.

El órgano consultivo del Gobierno, por indicación de la CEOE y de CCOO, también apunta que la medida no viene precedida de un debate dentro del diálogo social, a pesar de que Rodríguez Zapatero siempre ha hecho gala de los beneficios de los acuerdos alcanzados con los sindicatos y empresarios. Esta carencia de diálogo ha impedido discutir otras medidas de protección a la familia, insisten.

PROBLEMA DE GESTION Más concretamente, el dictamen del CES advierte del problema de gestión que se originará con el sistema previsto de pago de estos 2.500 euros. Según la norma que se debatirá en el Congreso a mediados de octubre, la prestación se podrá percibir como deducción en la declaración del IRPF o como pago anticipado. Al margen, los ciudadanos del País Vasco, Navarra y los extranjeros que lleven más de dos años residiendo en España recibirán la paga a través del Seguro como prestación no contributiva. Para evitar problemas de gestión, el CES propone que todo el mundo reciba la ayuda como una prestación de la Seguridad Social.

Por último, el dictamen da cuenta de un posible fallo del texto legal. Para cobrar la paga es necesario residir en el territorio español y demostrar una permanencia de más de dos años en él. Se podría dar el caso de un español que trabaje fuera de España y que, al volver, tuviera que esperar dos años para tener el derecho a la paga.