El Consejo de Ministros aprobó ayer el decreto para alargar los ERTE, después de que el jueves se alcanzara un principio de acuerdo con los agentes sociales en el marco del diálogo social. El contenido de este acuerdo contempla extender hasta el 30 de junio de este año los ERTE de fuerza mayor derivados del covid-19, ya sea por fuerza mayor total (sin reinicio de la actividad) o parcial (recuperación de una parte del trabajo). Por el acuerdo del Consejo de Ministros, se podrán, además, prorrogar «en atención a las restricciones de la actividad vinculadas a razones sanitarias que subsistan llegado el 30 de junio», aunque solo en caso determinados.
Uno de los principales caballos de batalla de esta negociación ha sido la cláusula de mantenimiento del empleo asociada a los mismos. En este punto es donde más reticencias ha mostrado la CEOE. Finalmente dio el visto bueno al preacuerdo alcanzado con Gobierno y sindicatos para prorrogarlos, aunque con posiciones muy críticas de algunas patronales y con el planteamiento de que se revise teniendo en cuenta la situación de cada sector.
Según un comunicado de UGT, el acuerdo «supone ampliar la red social y laboral acordada al inicio de la crisis para proteger a cuatro millones de trabajadores y cientos de miles de empresas». El secretario general de CCOO, Unai Sordo, destacó el valor del acuerdo alcanzado entre otras razones «porque no consumirán las prestaciones por desempleo de los trabajadores afectados».
Para los sindicatos, el acuerdo «ata más las cláusulas de salvaguardia del empleo». La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, destacó en la rueda de prensa tras el consejo «la aportación de los agentes sociales, que han hecho posible lo que este país esperaba». «Hoy los agentes sociales son los protagonistas. El acuerdo supone que nadie quede atrás», agregó.
La regulación del 17 de marzo vinculaba las ventajas de los ERTE derivados del covid-19 a que las empresas mantuvieran el empleo durante seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad. En el texto se flexibiliza esta cláusula, aunque no desaparece. Se especifica que este cómputo de seis meses empezará a contar desde la incorporación al trabajo efectivo de personas afectadas por el ERTE, aun cuando este sea parcial o solo afecte a parte de la plantilla.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, puntualizó ayer que el compromiso sobre los despidos se aplicará exclusicamente a los ERTE por fuerza mayor. «Todos salimos ganando con este acuerdo», comentó.
Este compromiso se considerará incumplido si se despide a cualquier trabajador afectado por el ERTE, aunque se incluyen diversas excepciones. En el caso de incumplimiento de esta cláusula, las empresas deberán devolver todas las cuotas de las que fueron exoneradas. El compromiso no se aplicará a empresas que puedan caer en concurso de acreedores.
