El Tribunal Constitucional decidió ayer suspender el ingreso en prisión de los exbanqueros Alberto Cortina y Alberto Alcocer, conocidos como los Albertos, mientras resuelve el recurso de amparo presentado por ambos contra la sentencia del Tribunal Supremo, que les condenó a tres años y cuatro meses de prisión por estafa y falsedad en el caso Urbanor .

Esta suspensión se une a la que les concedió en abril la Audiencia Provincial de Madrid porque habían tramitado una petición de indulto al Gobierno.

PETICION DE LOS ACUSADOS

El auto dictado ayer acepta la solicitud de Cortina y Alcocer, quienes habían pedido al Constitucional que aplazara la ejecución de la condena mientras determina si se vulneraron sus derechos fundamentales. El tribunal basa su decisión en el "perjuicio irreparable" que podría ocasionar a los Albertos la ejecución anticipada de las penas privativas de libertad si obtienen posteriormente un fallo absolutorio. En este sentido, explica que su intención es evitar dicho daño irreversible al estar "comprendida la duración de la condena a las penas de prisión dentro de la duración de la tramitación" del recurso de amparo.

Al no causarse ningún perjuicio irreparable, el Constitucional deniega, en cambio, la suspensión del resto de la sentencia, como el pago de una multa y el abono de una indemnización de 48 millones de euros (unos 8.000 millones de pesetas) al resto de los socios de Urbanor.

Miguel Bajo, abogado que ejerce la acusación en nombre de Construcciones San Martín, aseguró que la decisión del Constitucional de admitir a trámite el recurso y suspender la entrada en prisión es "insólita, inesperada e impropia" de un tribunal que sólo cursa el 6% de los recursos de amparo que recibe.

Bajo se mostró "consternado" por la actuación del Constitucional, ya que considera que el recurso presentado por los expresidentes del Banco Zaragozano carece de fundamentos suficientes para ser admitido. "Está claro que en la justicia española hay distintas varas de medir", afirmó. El letrado dijo que Construcciones San Martín seguirá pidiendo el ingreso en la cárcel de Cortina y Alcocer hasta que abonen toda la indemnización. Según Bajo, los Albertos sólo han satisfecho parte de la indemnización, ya que aún no han pagado los intereses devengados desde 1988 por lo que tenían que abonar (25 millones de euros).