La demanda de amparo presentada por los Albertos será resuelta por el Tribunal Constitucional en un plazo que no superará los dos meses. El Gobierno, por su parte, dispone de un plazo de entre dos meses y un año para pronunciarse sobre el tema.

El desarrollo normal de los acontecimientos evitará al Gobierno el hecho de tener que pronunciarse, puesto que se da como muy probable que el Tribunal Constitucional falle a favor de la prescripción del caso, como en su día lo hizo la Audiencia Provincial de Madrid.