LOS PLANES de los grupos parlamentarios para acortar el plazo oficial de pago de la Administración con las empresas (de 60 a 30 días) y entre compañías (60 días sin opción de pactar plazos mayores) se toparon ayer con la oposición de las constructoras. Seopan, patronal de las grandes del sector, defendió en el Congreso que, mientras las propias administraciones no cumplan, es imposible que ellas lo hagan con las compañías que subcontratan. Según la consultora Deloitte, el Estado pagó a 140 días entre el 2006 y el 2008.
