Las organizaciones de consumidores han coincidido hoy en asegurar que se sienten ignoradas por el Gobierno, que, una vez más, "se ha puesto del lado" de las compañías con la aprobación del anteproyecto de una nueva ley del sector eléctrico.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sostiene que, con esta reforma, "los errores cometidos por el sector eléctrico tendrán que ser pagados por los consumidores".
"Las facturas de todos los españoles subirán para costear los aproximadamente 4.000 millones a los que se estima que asciende el déficit. El oligopolio que domina el sector sobrevivirá a esta reforma", asevera la plataforma.
El panorama español está "monopolizado" por cinco grandes compañías (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Eon y HC Energía) que, según denuncia la organización, "manejan todos los procesos".
La OCU afirma que "esta reforma ningunea a los consumidores" porque, entre otras cosas, no se ha consultado a las asociaciones que ofrecen propuestas concretas.
Otro de los puntos "oscuros" que señalan los consumidores es que no se haya querido entrar en el debate de cómo se están remunerando tecnologías como la nuclear o la hidráulica.
"Presumen de lo poco que cuestan y aun así reciben la misma remuneración que otras energías más costosas", esgrime la OCU, para quien "este sistema irracional se salva, una vez más, de una auditoría seria".
La Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) muestra su disconformidad, no sólo con las medidas planteadas, sino con las formas de actuación del Ejecutivo en este caso en el que, "una vez más, se va a hacer que los consumidores paguen sin tan siquiera haber sido escuchados".
"La reforma se plantea como un gran golpe a las economías familiares, que verán mermar su poder adquisitivo en un momento crucial para la salida de la crisis, cuestión que, de hecho, ya empieza a preocupar a Europa, consciente de que esa salida tendrá que venir de la mano de la normalización del consumo interno", manifiesta.
Para CECU, reducir los recursos económicos de la población en base a un sector básico como éste, "no parece que sea el camino adecuado".
Además, apunta que medidas como la posible reducción de los usuarios susceptibles de utilizar la Tarifa de Último Recurso (TUR), parecen "querer encaminar a los ciudadanos hacia un mercado libre de la electricidad que carece de la transparencia y la competencia adecuadas, ofreciendo en la actualidad precios más caros que los de la tarifa regulada, una anomalía contra la que parece que no se quiere luchar".
La Asociación General de Consumidores -Asgeco Confederación- acusa que "se ignore" a los consumidores en la preparación de la reforma energética sin tener en cuenta su opinión y considera que hay motivos para creer que los usuarios finales tendrán que asumir "buena parte" del coste de esta reforma.
Asgeco Confederación resalta que se siguen desconociendo los costes reales de la luz, a falta de una auditoría energética por parte de las eléctricas, algo que, en su opinión, "trescientos diputados no quisieron imponer mediante el rechazo de una iniciativa parlamentaria en este sentido el pasado 26 de junio".
"Tememos igualmente que esta reforma ni acabe con el problema del costoso déficit tarifario ni cambie un modelo energético opaco e inequitativo, apoyado en un mercado ineficiente lleno de costes ocultos", concluye.
