Las familias no tendrán que cambiar los contadores de la luz a partir de enero para poder contratar el suministro con una compañía eléctrica distinta a la que les ofrece servicio en la actualidad. Esta es una de las medidas incluidas en el paquete de decretos que el Consejo de Ministros aprobará el viernes 27 con el objetivo de que entren en vigor coincidiendo con la liberalización total del sector energético a partir del próximo día 1. Más de 21,4 millones de clientes podrán elegir suministrador de electricidad y de gas.

Sí deberán pasarse, en cambio, del tradicional sistema de medición de consumo estandar a otro por periodos --facturación en función de pautas de consumo por tramos horarios-- más de medio millón de pequeñas industrias y comercios, pero dispondrán de dos años para hacerlo, explicó a este diario la directora general de Política Energética, Carmen Becerril. El sistema establecerá horas punta, --más caras--, medias, y valle --las más baratas--, más ajustado a su perfil de mayor consumo y a un sistema, como el español, en el que el precio del kilovatio varía en el mercado cada hora.

CONTRATOS POR UN AÑO

Los contratos que permitirán el cambio de compañía tendrán una duración mínima de un año, si bien podrán rescindirse en casos extremos como morosidad o la deficiencia del suministro, explicó la directora general. En cualquier caso, el sistema está diseñado para que "el consumidor final casi no tenga que intervenir, sino que se pongan en contacto las dos compañías afectadas", explicó. Además, siempre existirá el sistema de tarifas reguladas, cuyo marco normativo también se aprobará el día 27 y prevé un alza de tarifas inferior a la inflación durante 10 años.

El Gobierno ha establecido una potencia contratada de 15 kilovatios como umbral para tener que cambiar de contador. Los hogares oscilan entre los 3,5 y esa cifra, lo que dejará a más de 21 millones de consumidores fuera de esa obligación. De 15 kilovatios para arriba, tendrán que sustituir el contador, tal como establece en la actualidad la ley para los grandes consumidores. Unas 30.000 empresas han pasado al mercado liberalizado hasta la fecha, mientras que otras 45.000 que podrían haberlo hecho siguen sometidas a tarifa regulada, según la Comisión Nacional de la Energía (CNE).

La normativa pendiente de aprobar contiene los procedimientos a seguir para cambiar de comercializador, así como los cambios de sistemas de medición. En el caso del gas, sólo se regularán los procedimientos para cambiar de suministrador.

5 EUROS DE AHORRO AL AÑO

Aunque un sistema de medición horaria ajusta la facturación a los consumos por horas reales, las familias apenas ahorrarían cinco euros (832 pesetas) al año con esta modalidad, según un estudio realizado por la CNE. Tampoco a las empresas de menor dimensión les supondría ningún ahorro, ya que los 108 euros anuales que dejarían de pagar de factura no compensarían los 200 anuales de gastos en los que se incurre por leer y gestionar la información de un contador horario. En cambio, sí les beneficiará más un sistema de tramos horarios.

Este paquete de medidas resulta necesario ya que con la normativa actual todos los consumidores deberían disponer de equipos horarios. Este requisito se exige hoy a los grandes consumidores, únicos que pueden acceder al mercado liberalizado.