El famoso imperio de la ley al que tan aficionados son algunos políticos españoles resulta que es un gigante con los pies de barro. Se ha creado un corpus legal en España en los últimos años al que deben ajustarse todos los ciudadanos e instituciones, pero que en muchos casos se ha construido sobre textos no tienen en cuenta ni los convenios que ha firmado el Estado sobre las mismas materias, ni el resto de legalidad de rango superior a la que se debe el país.

Ya sucedió con muchas leyes relacionadas con la regulación hipotecaria o los créditos al consumo que se tendrán que modificar por sentencias de las autoridades judiciales europeas. Pero uno de los ámbitos en los que están revisando a fondo la legislación española es en el laboral.De hecho, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y también los tribunales españoles, incluido el Supremo, están haciendo la contrarreforma de la reforma laboral de Partido Popular (PP), para mejor suerte de la mayoría de empleados de este país.

Cuestiones que parecen ahora muy evidentes, como que un trabajador con contrato temporal debe tener los mismos derechos de indemnización que uno con contrato indefinido, ha sido necesario que lleguen hasta las altas instancias europeas para que se conviertan en legales en España. O que prácticas que a simple vista ya se ve que son fraudulentas, como obligar a un trabajador a encadenar contratos temporales durante años para cubrir una plaza que es notorio que forma parte de la estructura fija de la empresa, también se han frenado desde la Unión Europea.

Si se unen las sentencias contra los abusos en las contrataciones encadenadas y la igualación de ciertas condiciones de los temporales y los fijos, uno de los ejes de la reforma laboral ha quedado totalmente quebrado.

Algunos pueden tener ahora la tentación de usar estos fallos judiciales para intentar igualar por abajo los contratos temporales y los indefinidos, pero se juegan volver a quedar en ridículo si se pide un nuevo pronunciamiento a los tribunales europeos, porque está muy claro que el espíritu de la sentencia apunta precisamente a la equiparación por arriba.

Los sindicatos han reclamado que la legislación laboral española se adapte con urgencia a esta jurisprudencia, que en realidad no es nueva, sino que es la que ya existía y que los Gobiernos españoles, tan legalistas de boquilla, ignoraron sin contemplaciones. Lo grave de todo este asunto son los miles de trabajadores que han sido despedidos hasta ahora con unas condiciones injustas y que difícilmente podrán reclamar.