La ayuda a los parados que hayan agotado la protección y no dispongan de ingresos beneficiará a más de 300.000 personas y entrará en vigor a mediados de este mes, con efectos retroactivos desde el 1 de agosto, según ha anunciado el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho.
Corbacho ha subrayado que los desempleados que hayan agotado prestaciones y subsidios y no tengan rentas podrán percibir esta ayuda, de 420 euros mensuales, durante un periodo de seis meses, evitando así que "queden desamparados desde el punto de vista de la protección social".
El perceptor de esta renta asumirá el compromiso con el servicio público de empleo de su comunidad autónoma de participar en un itinerario de formación y empleo. La medida se aprobará mañana en el Consejo de Ministros extraordinario cumpliendo con el anuncio que realizó el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, poco después la ruptura del proceso de diálogo social.
UN MÁXIMO DE SEIS MESES
Corbacho ha destacado que el objetivo de esta iniciativa, cuya duración no acaba de convencer a los sindicatos, "no es el de hacer un subsidio, sino el de dar una renta de protección para que las personas que la reciban tengan acceso a una formación y puedan volver al empleo lo antes posible".
Aunque cada perceptor solo podrá recibir la ayuda durante un máximo de medio año, el Gobierno mantendrá en vigor este programa de ayudas durante más tiempo, según la evolución del paro y de las condiciones económicas. El Real Decreto que regula esta ayuda entrará en vigor "a partir del 14 de agosto", aunque Corbacho ha puntualizado que tendrá efectos retroactivos desde el primero de mes.
"Parece razonable mantenerlo si la crisis no se acaba en seis meses o si empieza a ser superada pero permanecen sus efectos sobre el empleo, que suele ir un poco más lento. Por lo tanto, seis meses para la personas, que no para el programa", ha precisado el ministro.
COSTE DE 400 MILLONES
La norma que se aprobará mañana habilita al Gobierno para ir prorrogando este programa de ayudas en la medida en que los índices de coyuntura económica sigan siendo negativos. El coste de esta ayuda superará los 400 millones de euros y, según Corbacho, se financiará directamente con cargo al Servicio Público de Empleo (antiguo Inem) y a los presupuestos generales del Estado.
Corbacho ha subrayado que el Gobierno aún tiene capacidad de reacción para tomar nuevas medidas ante la perspectiva de que el paro vuelva a la senda alcista en otoño, aunque éste sea menor a la que por ejemplo tenía hace un año, cuando el Estado disfrutaba de superávit y su deuda representaba la mitad de la media europea.
DEUDA DEL 30%
"En las nuevas medidas deberemos partir de la base de que se adoptan, no ya sobre una situación de superávit sino de déficit, y no ya sobre una situación del 30% de deuda, sino superior", ha explicado, recordando que, al igual que en otros países, muchas medidas adoptadas son coyunturales y, una vez finalizadas, lo invertido en ellas podrá dedicarse a dar una respuesta nueva a otra coyuntura o circunstancia del momento.
"Llegará un día que cuando el sector del automóvil se recupere y llegue a una cierta normalidad, no será razonable que de los impuestos de los ciudadanos demos una parte a otros ciudadanos para que se compren un coche", algo que, según ha dicho el ministro, todo el mundo entiende que se haga en este momento de crisis para impulsar esta industria.
