La convocatoria de elecciones que dio a Pedro Sánchez 123 diputados con los que todavía no ha conseguido volver a formar un Gobierno dejó muchos proyectos de la pasada legislatura a medias. Uno de ellos es la obligatoriedad de que todos los estudiantes que realicen prácticas, sean remuneradas o no, estén dados de alta en la Seguridad Social. El Ministerio de Trabajo estimó que la reforma afectaría a 540.000 alumnos en toda España, desde universidades hasta FP; aunque de momento estos apuran sus últimos días de vacaciones antes de empezar el nuevo curso sin saber si cotizarán este año o no por las prácticas.
«Mantuvimos contactos con el Gobierno para ver cómo implementábamos la medida hasta el último momento de la legislatura, pero la convocatoria de elecciones ha paralizado las conversaciones y seguimos a la espera de que el Gobierno deje de estar en funciones», explicaron fuentes de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). El Ejecutivo de Sánchez aprobó esta reforma en el último Consejo de Ministros del 2018, sin previa consulta a la comunidad educativa y sin el despliegue normativo que provoca que a día de hoy no esté claro como se articulará. «Somos los primeros interesados en aclarar el tema», añadieron esas mismas fuentes.
Un retraso generalizado que obligará al nuevo Gobierno o bien a aplicar la reforma a medio curso o bien a posponerla hasta el siguiente. Una de las incógnitas que dejó abierta la propuesta del Gobierno era quién debía hacerse cargo del pago de 51 euros mensuales de media de cotización por alumno, según cálculos de Trabajo. ¿La empresa donde el estudiante realiza las prácticas? ¿El centro educativo de donde viene? ¿El alumno, mediante un pago extra? Desde UGT lo tienen claro: deben ser las empresas. «Los alumnos ya pagan por su matrícula para poder hacer esas prácticas. ¡Es la explotación máxima!», declaró sindicalista Elena Ferrero.
Ferrero manifestó que dicha medida sería clave, entre otros, para combatir el fenómeno de los «falsos becarios». Es decir, estudiantes en prácticas que están ocupando una plaza estructural que debiera ocupar un trabajador asalariado. Con el menor coste económico para la empresa, tanto a nivel de salario como de cotizaciones a la Seguridad Social que ello comporta.
UGT propone dos mecanismos complementarios a la cotización obligatoria. Por un lado, la creación de un registro de becarios donde las empresas tengan la obligación de inscribir a sus aprendices. Actualmente no existe una estadística detallada y accesible y todo se reduce a las cifras ofrecidas por el Ministerio de Trabajo. Y la otra medida que exige UGT es que la dirección de las empresas informe periódicamente a la representación legal de los trabajadores de la incorporación de becarios, para que así el comité de empresa contribuya a controlar que los becarios no están asumiendo roles que no les corresponden.
