La crisis ha incrementado un 15% la venta ilegal de coches en la calle, denunció hoy la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor (GANVAM), que pidió la intervención de los ayuntamientos para perseguir esta práctica fraudulenta.
La venta ilegal de vehículos de segunda mano en la vía pública, explica la Asociación en un comunicado, la hacen seudovendedores que se hacen pasar por particulares para esta actividad comercial "encubierta" que incumplen sus obligaciones legales y fiscales con las distintas Administraciones Públicas.
La asociación explica que esta práctica supone un "acto de competencia desleal" para los concesionarios y compraventas legalmente establecidos.
Estos vendedores ilegales, insiste Ganvam, no cuentan con la autorización municipal para el desarrollo de su actividad, ni pagan los impuestos ni tasas requeridas derivados, además de no estar dados de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) o en el censo de obligados tributarios.
La venta supone un "claro perjuicio" para el comprador, porque no dispone de la garantía del vehículo por escrito, el contrato de compraventa ni la factura de la operación, sin olvidar los problemas de estacionamiento que se derivan para los ciudadanos por la ocupación indebida de la vía pública.
La Asociación Nacional de Vendedores insta a los Ayuntamientos a actuar para terminar con este mercado sumergido, y que toman como antecedente las ordenanzas municipales aprobadas, entre otros, por los municipios de Madrid y Barcelona, que prohíben expresamente la venta de vehículos en la vía pública, con apertura de expediente sancionador y multa en caso de incumplimiento.
Ganvam se ha dirigido a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con el objetivo de que estas medidas adoptadas hasta ahora minoritariamente por algún ayuntamiento se extiendan a todos los municipios de España.
La asociación recuerda que actualmente se encuentra en tramitación en el Congreso una proposición no de ley ante la comisión no permanente de seguridad vial que insta al Gobierno a que adopte las disposiciones legales necesarias para erradicar esta práctica fraudulenta.
