Cada uno de los alrededor de 1.000 titulares de cuentas ocultas en la filial suiza del HSBC, que forman parte del último gran caso de fraude fiscal descubierto por la Agencia Tributaria, tendrán que pagar una sanción de entre el 50% y el 150% de las cantidades defraudadas. Además, Hacienda se reserva la posibilidad de inspeccionar a cada uno de estos contribuyentes y de presentar denuncias por delito fiscal en los casos de mayor gravedad.

Así lo han explicado fuentes de la Agencia Tributaria, después de que la Administración haya sido acusada de "escandaloso trato de favor" de las grandes fortunas por parte de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE).

LA CONTROVERSIA A mediados de junio, la Agencia Tributaria envió requerimientos a más de 1.000 titulares de unas 3.000 cuentas ocultas del HSBC en Suiza pidiéndoles información. El señuelo lo había proporcionado la administración francesa y procedía de datos facilitados por un exempleado de la entidad.

Tras constatar que la Agencia Tributaria les sigue la pista, algunos inversores han presentado una declaración complementaria. Inspectores de Hacienda denunciaron el procedimiento, por entender que permitía al defraudador ponerse al día con el fisco evitando sanciones. Fuentes de la Agencia Tributaria han desmentido que esta regularización exima al contribuyente de sanción. Ni siquiera evita, necesariamente, la vía del delito fiscal.

Al mediar requerimiento, se interrumpe la prescripción de la deuda y, además del citado recargo del 20%, la regularización conlleva una sanción de entre el 50% y el 150% de lo no declarado, explican fuentes de la Agencia Tributaria.

Con evidente disgusto ante las acusaciones de un posible trato desigual hacia algunos contribuyentes, fuentes de la Agencia Tributaria explican que "el envío de requerimientos era el procedimiento más acertado". Añaden que cada titular será investigado, haya regularizado o no, y que en todos los casos serán sancionados. Los casos de mayor gravedad serán tramitados como delito fiscal. "A la Fiscalía tiene que ir lo que consideremos que es delito", apuntan.