Una decena de personas, en su mayoría empresarios, han sido detenidos en una nueva fase de la investigación abierta para esclarecer el fraude millonario con ayudas del Plan Bahía Competitiva, que el Ministerio de Industria puso en marcha para fomentar el empleo en la Bahía de Cádiz.
Fuentes de la investigación han informado a Efe de que las unidades contra la delincuencia y el crimen organizado de Sevilla y de Madrid han practicado estas detenciones en distintos puntos del país, dentro de las investigaciones que desde hace dos años mantiene abiertas sobre este caso el juzgado de instrucción número 4 de Cádiz.
El subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, ha explicado a Efe que estas detenciones, adelantadas hoy por el diario El País, son "una fase más" de una operación compleja con la que la Policía trata de esclarecer "un escándalo", como es el desvío de cerca de veinte millones de euros de los fondos que el Ministerio de Industria ofreció para fomentar la industrialización y la creación de empleo en una de las zonas más castigadas por el desempleo.
Las investigaciones se dieron a conocer en noviembre de 2011 cuando, después de una denuncia de la Agencia IDEA de la Junta de Andalucía, fueron detenidos varios empresarios, entre ellos Alejandro Manuel Dávila Oubiña, supuesto cabecilla de la trama que recibió ayudas millonarias del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para proyectos de reindustrialización de la provincia de Cádiz que nunca se llevaron a cabo.
El subdelegado del Gobierno en Cádiz ha recordado que dentro del sumario cinco responsables del Ministerio de Industria de la etapa del anterior Gobierno socialista han sido imputados.
Se trata de la entonces secretaria general de Industria, el director general de Industria, el subdirector general, el subdirector general adjunto y un técnico adscrito al Plan Bahía Competitiva, según informó en su día el PP.
Además de a la administración central, las investigaciones también se han enfocado hacia la gestión del Plan en la Diputación Provincial de Cádiz, entonces gestionada también por el PSOE.
Una técnico de la Diputación de Cádiz, María José Valencia (PSOE), fue detenida y puesta en libertad tras declarar como imputada en estas diligencias, tras lo que abandonó su cargo como concejala socialista del ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda.
El subdelegado del Gobierno en Cádiz no ha descartado que las investigaciones sobre el caso, que llevó a dejar el cargo al exgerente del Plan Bahía Competitiva Antonio Perales, dé "nuevas sorpresas".
De momento, según Javier de Torre, las pesquisas han puesto de manifiesto que el fraude no fue cometido por "un empresario aislado" que abusó de las ayudas del Estado, sino que hubo "connivencia" de altos cargos del Ministerio de Industria y de la Diputación de Cádiz, ambas entonces en manos del PSOE.
