El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el anteproyecto de ley de Evaluación Ambiental que obligará a la Administración Central a emitir los informes de impacto en unos plazos máximos de entre cuatro y seis meses. Hasta ahora estaba fijado en dos años, pero la media real era de tres años y cuatro meses. Según ha explicado el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, la norma establece una evulación "más ordenada, más clara y más concisa" que permitirá reducir los tiempos de tramitación.

El objetivo es que no se "frenen proyectos de inversión" en unos momentos en que son más necesarios que nunca, según el ministro,que ha puesto como ejemplo de lo que no puede ser el informe de impacto ambiental de la variante de la N211 en Alcorizo (Teruel), que tardó 15 años y nueve meses. También ha recordado que cuando llegó al Giobierno encontró sobre su mesa el informe de impacto de la refinería Balboa, que llevaba siete años sin resolverse. "Nosotros lo resolvimos en cuatro meses", ha señalado. El ministerio estima que el recorte de plazos tendrá un impacto sobre la actividad económica de 1.000 millones de euros y que generará unos 80.000 empleos.

Las comunidades autónomas, con competencias exclusivas en medio mmbiente, no estarán obligadas a regirse por la nueva normativa, pero Cañete ha expresado su voluntad de armonizar los procedimientos a través de una convocatoria de la Conferencia Sectorial de consejeros del ramo. "Sería muy bueno paar al ainversión y la unidad de mercado", ha indicado.

Cañete también ha garantizado que la rapidez "no irá en detrimento del rigor". Se establecerán una normas más exigentes para las declaraciones que implican un impacto ambiental de gran dimensión, que podrán tardar seis meses, pero mucho más someras cuando se prevea un impacto sea "mínimo". Estas deberán estar listas en cuatro. La falta de respuesta en el plazo requerido no implicará la aprobación del proyecto.

El anteproyecto incluye la creación de los denominados "bancos de conservación de la naturaleza" que servirán para que los operadores puedan adquirir, por ejemplo, bosques replantados, para que la compensación prevista en un informe de impacto ambiental sea inmediata. Recoge, además, la obligación de los proyectos de 'fraking' (extracción de hidrocarburos por fractura hidráulica) de someterse a las declaraciones de impacto. Esta obligación ya figuraba en otro anteproyecto impulsado por el Ministerio de Industria.