El Gobierno portugués aprobará esta semana nuevas leyes laborales que sustituirán la vieja legislación de 1975. Agilizar el mercado de trabajo y aumentar la productividad, la más baja de la Unión Europea, son los objetivos del Ejecutivo del primer ministro José Manuel Durao Barroso.
El documento, con aspectos casi idénticos a los del decretazo español, ha provocado la contestación de los sindicatos, que ya fueron a la huelga el 10 de diciembre. Uno de los puntos más polémicos es la no obligatoriedad de readmisión de un trabajador tras un despido sin causa justificada.
Mientras que la UGT firmó el documento, aunque confía en que sigan las negociaciones, la CGTP lo rechaza y amenaza con otra huelga.
