En el 2020 entra en vigor la disposición de la Constitución Española que, en la práctica, obliga a las administraciones públicas a presentar déficit cero y a no tener una deuda pública por encima del 60% del PIB. Sin embargo, se llega a este año crucial con un déficit en el entorno del 2% del PIB (unos 25.000 millones de euros) y una deuda por encima del 95% que hacen imposible cumplir el precepto constitucional.
La meta del 2020 fue introducida en la Carta Magna en el 2011, dentro de la reforma constitucional urgente de su artículo 135 exigida por las instituciones europeas al Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en un momento en que estaba en juego la posible intervención plena de la economía española por el creciente riesgo de impago de su deuda pública. La reforma tenía el doble fin de dar prioridad absoluta al pago de la deuda y de poner límites al déficit y a la deuda pública.
En su nuevo artículo 135 la Constitución introdujo el principio de estabilidad presupuestaria sin concretarlo y fijó que en el 2020 tendrían que entrar en vigor los límites que debería determinar una ley orgánica posterior. La conocida como Ley de Estabilidad (o Ley Montoro, en alusión al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro) acabó aprobándose en abril del 2012, ya con un Gobierno del PP. La ley fue incluso más lejos de lo que permitía la Constitución, al consagrar el déficit cero y solo admitir un desequilibrio presupuestario máximo del 0,4% del PIB en las administraciones públicas en caso de catástrofe natural, recesión o situación de emergencia.
"Había que enviar una señal clara del compromiso de España con la estabilidad presupuestaria", recuerda ahora el ex ministro Montoro al evocar aquel 2012 en el que España estuvo a punto de tener que ser intervenida por la Unión Europea (más allá de lo que supuso el rescate de la banca).
Después de tocar techo en el 2012 con un tasa del 10,7% del PIB, el déficit público se ha ido corrigiendo de forma decisiva hasta situarse en el 2,5% del PIB en el 2018 (por debajo del 3% que permite salir del Procedimiento de Déficit Excesivo de la UE), pero sin llegar al equilibrio exigido. La deuda pública, por su parte, aún se sitúa por encima del 95% del Producto Interior Bruto (PIB), después del rescate a la banca y de los pagos a los proveedores.
DOS ALTERNATIVAS
Así, en el inicio del 2020, cumplir el artículo 135 de la Constitución en este punto se presenta como una misión imposible. Y en principio la situación parece quedar reducida a dos alternativas. O a lo largo del año próximo se reforma la Ley Orgánica de Estabilidad, del 2012, y se establece que la "estabilidad presupuestaria" a la que alude de forma genérica la Constitución es algo distinto al 'déficit cero' que impuso después la 'Ley Montoro'. O bien, el nuevo Gobierno se instala en el incumplimiento constitucional, del mismo modo que se incumple el precepto de la Carta Magna en preceptos tales como el el derecho a una vivienda "digna y adecuada" para todos los españoles.
La primera opción tropieza con el Parlamento más fragmentado de la historia española, que puede dificultar el logro de la mayoría absoluta que exige toda modificación de una ley orgánica. La segunda puede tener consecuencias inexploradas hasta ahora, pues el incumplimiento puede acabar provocando algún tipo de recurso ante el Constitucional y la posterior imposición de un plan de ajuste a las administraciones públicas (Estado, autonomías, ayuntamientos y Seguridad Social) del mismo modo que, hasta ahora lo imponía la Comisión Europea.
ADVERTENCIAS DESOÍDAS
Desde hace años, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) venía advirtiendo de que se iba a llegar el 2020 con los objetivos sin cumplir. Su presidente, José Luis Escrivá, pedía al Gobierno del PP alargar esa fecha de referencia y adoptar unos nuevos objetivos más realistas para evitar caer en la pérdida de reputación y credibilidad a que ahora se verá expuesto el nuevo Gobierno que pretende formar Pedro Sánchez.
El actual gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, también advirtió de ello en el 2018. "Resultaría procedente utilizar los mecanismos legales previstos en la propia ley para ampliar el periodo transitorio para alcanzar el límite mencionado, definiendo una senda de reducción de la ratio de deuda pública creíble y exigente, compatible con los requerimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento", escribió De Cos en un Documento Ocasional del Banco de España
El ex ministro Montoro no es partidario de cambiar la ley. En declaraciones a el periódico, considera que es preferible mantenerse en el incumplimiento antes de dar la sensación de que se relajan las reglas de estabilidad. Teme que si se abre el melón de la reforma legal se pueda caer en esa tentación.
Desde el actual Ministerio de Hacienda, de María Jesús Montero, solo se subraya el compromiso del Gobierno para seguir avanzando en la reducción del déficit y de la deuda.
