Cambio de rumbo en España. Por primera vez desde el 2012, el déficit del conjunto de las administraciones públicas crece. Durante el año pasado el gasto público superó la entrada de ingresos y se situó en 32.882 millones, cifra que supone un aumento anual del 8,9% en comparación con el ejercicio anterior (30.495 millones de euros) y que equivale al 2,64% del PIB, dos décimas más que el desajuste del 2,5% del PIB registrado en 2018.

En el caso de Extremadura, se situó en el 1,24%, el tercero más alto de las CCAA, superado por Valencia (1,91) y Murcia (1,72).

Así se desprende de los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE) Con esas cifras, el Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos mantiene por segundo año consecutivo el déficit por debajo del 3% que exige el Pacto de Estabilidad de la Unión Europea.

Sin embargo, el Ejecutivo esperaba haber podido reducir el déficit del 2,5% del PIB registrado en 2018 al 2% en 2019, frente a la imposibilidad de cumplir la meta oficial aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, que estipulaba un 1,3% del PIB para 2019, un 0,5% en 2020 y estabilidad presupuestaria ya en 2021.

La nueva senda de estabilidad presupuestaria, validada por el Congreso y el Senado, fija unos objetivos de déficit público del 1,8% del PIB este año, del 1,5% en 2021, del 1,2% en 2022 y del 0,9% en 2023. Por administraciones, se establece para 2020 una meta del 0,5% del PIB para el Estado, del 1,1% a la Seguridad Social y dos décimas para las comunidades, frente al equilibrio presupuestario de los entes locales. No obstante, el impacto económico de la crisis sanitaria del covid-19 dificulta su cumplimiento.

Hacienda remarca que en 2019 la Administración central y la Seguridad Social lo redujeron un 12,7% y un 7,6%, mientras que las comunidades incrementaron su saldo negativo y los ayuntamientos redujeron su superávit en un 37,3%. El Ejecutivo entiende que esas cifras «ponen de manifiesto el gran esfuerzo de contención fiscal» si se tiene en cuenta que la prórroga presupuestaria «ha impedido contar con nuevos ingresos» y la aprobación de medidas sociales contra la desigualdad. Algunas de esas medidas se han podido notar ya en los primeros dos meses de 2020. Hasta febrero, el déficit del Estado descendió un 8,4% hasta el 0,85% del PIB debido a que los ingresos no financieros han crecido un 12,2%, mientras que los gastos se han incrementado en un 5%. En cuanto a la deuda pública, se ha fijado un objetivo del 94,6% para este año.

Las administraciones registraron entre octubre y diciembre del 2019 un déficit de 16.082 millones, un 1,1% más que en ese período de 2018. El déficit público alcanzó en el cuarto trimestre de 2019 el 2,5% del PIB, empeorando tres décimas el resultado del trimestre anterior. El INE estima que la inversión de las administraciones retrocedió un 9,7% en el último trimestre de 2019.