La demanda que presentarán los gobiernos de Asturias, Castilla-León y Aragón ante el Tribunal de la UE contra la decisión de establecer el año 2018 como fecha de cierre de las minas de carbón deficitarias pretende garantizar la continuidad de las empresas que en ese momento puedan ser rentables y no necesitar ayudas públicas. La decisión adoptada por el Consejo de la UE en diciembre de 2010 establece que, a partir de esa fecha, las empresas que hayan recibido subvenciones en los últimos años y continúen abiertas deberán devolver las ayudas recibidas de sus respectivos Estados. Según ha indicado hoy el consejero de Industria del Gobierno asturiano, Graciano Torre, esta medida es la "espada de Damocles" que pesa sobre las compañías dado que limita las posibilidades de las empresas del sector de alcanzar un horizonte de rentabilidad en el periodo restante hasta 2018. Tras la reunión del Consejo de Gobierno de Asturias en la que se ha aprobado la presentación de la demanda junto a Aragón y Castilla-León, y a la que probablemente se una la patronal Carbunión, Torre ha advertido de que en el sector del carbón el término "competitivo" es "muy relativo" dada la evolución de los precios de las fuentes de energía. Así, ha incidido en que actualmente el precio de referencia internacional se sitúa en 100 euros por tonelada frente a los 116 euros del nacional y la previsión a corto plazo es que el precio del primero siga alza por la subida de precios de petróleo derivada de la inestabilidad en los países productores. "Es plausible que en las próximas semanas el precio del carbón autóctono sea inferior al del internacional", ha advertido el consejero, que ha considerado además que el plazo impuesto por la UE para el cierre "lastra" las inversiones acometidas en las empresas mineras para buscar una mayor rentabilidad. En este sentido, ha apuntado que las empresas mineras españolas requieren de "enormes inversiones" para garantizar tanto el acceso a nuevas explotaciones como la mejora de su rentabilidad cuyos "retornos" no se producen antes de un periodo de veinte o treinta años con lo que "ningún" empresario podría afrontarlas con un horizonte temporal de cierre de siete años. A su juicio, dada la incidencia del sector minero en los territorios donde tiene actividad "no es razonable" que desde la UE se pongan "trabas" a la continuidad de empresas que en 2018 no necesiten ayudas de Estado dado que se trata de una actividad en la que no hay mercado intracomunitario y no afecta por tanto a la competencia. Torre, que ha advertido de que la actual situación geoestratégica en el Norte de África y el Golfo Pérsico no debería ponerse en riesgo la garantía de suministro de la única fuente de energía autóctona de España, ha rechazado además que se puedan aplicar criterios medioambientales a la decisión de cerrar las minas.
