A estas alturas del año, los ayuntamientos desconocen lo que ingresarán por la que era una de sus principales vías de financiación hasta el 2002, el impuesto de actividades económicas (IAE). El Gobierno eximió de su pago a las personas físicas y a las sociedades con facturación anual de más de un millón de euros. Algunos consistorios han recibido de Hacienda el censo de contribuyentes, pero hay que depurarlo.

La mayoría de los municipios liquidarán el tributo en otoño. Los Presupuestos del 2003 se elaboraron casi a ciegas y con unos principios generales: una recaudación por el IAE inferior en un 50% al ejercicio precedente, que es lo que se estima que dejarán de pagar los contribuyentes exentos.

La otra mitad, 900 millones de euros (150.000 millones de pesetas), se calcula que será la compensación que deberá pagar la Administración central. Hacienda todavía tiene que aprobar un decreto para clarificar el funcionamiento del tributo. Muchas de las compañías que pagarán el 30% más que en el 2002 han consultado a bufetes especializados para estudiar la posibilidad de recurrir.