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PROBLEMAS PARA LA PRIMERA PETROLERA ESPAÑOLA

Una diputada del partido de Evo Morales denuncia a Repsol

La política afirma que la petrolera cobró subsidios de forma ilegal.

 

Un trabajador observa una petrolera de Repsol, a ochenta kilómetros de Santa Cruz, en Bolivia. - Foto:AFP / AIZAR RALDES

AGENCIASAGENCIAS 25/06/2006

La diputada boliviana Milena Aracely Hinojosa, del Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido del presidente Evo Morales, presentó el viernes una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra Repsol YPF Gas de Bolivia, acusándola de haber recibido subsidios ilegales por 29,5 millones de euros.

La diputada afirma que la petrolera cobró estas cantidades en concepto de subsidios al gas licuado de petróleo (GLP) cuando, por ley, no le correspondía hacerlo. Según un decreto de junio del 2000 solo pueden beneficiarse de estos subsidios las empresas con licencia de operación y construcción para comercializar GLP antes de un decreto de 1999, mientras que Repsol Gas de Bolivia obtuvo su licencia de operación en septiembre del 2002. Según la denunciante, el pago a Repsol Gas Bolivia empezó en el 2002, y continuó hasta mayo del 2004. Entonces, el expresidente Carlos Mesa emitió un decreto por el cual otorgaba el subsidio a todas las empresas embotelladoras sin excepción, cumplan o no con los requisitos de ley.

COMPENSACION La denuncia se refiere a los subsidios que otorga el Tesoro General de la Nación (TGN) a las empresas para que la bombona de gas de 10 kilos no cueste más de 22,50 bolivianos. El Estado boliviano, mediante notas de crédito fiscal, compensa a estas empresas distribuidoras la diferencia entre el costo de venta y el costo real, lo que representa un coste de más de 25 millones de euros.

SEGUNDO CASO Esta es la segunda denuncia que afronta Repsol en Bolivia. El pasado marzo fue acusada de un supuesto contrabando de petróleo por valor de 9,2 millones de dólares (7,36 millones de euros). Por este proceso, los dos principales ejecutivos de la empresa petrolera en el país, el español Julio Gavito y el argentino Pedro Sánchez Gavito, no pueden salir del país por orden judicial.

La petrolera hispano-argentina Repsol YPF defendió su inocencia. Negó haber "incurrido en cobro ilegal alguno" y aseguró que sus operaciones "están sustentadas en los respectivos decretos supremos emitidos por el Gobierno" y los contratos con las empresas estatales. La empresa manifestó que "tanto la operación de las plantas embotelladoras como su administración se han realizado en el marco de las leyes y reglamentos vigentes".