"Los posibles cambios de los presidentes de compañías los decidirán sus accionistas". Esta es la frase que repiten los miembros del equipo económico del Gobierno, encabezado por el vicepresidente Pedro Solbes, para abonar la idea de que el Ejecutivo no intervendrá en la gestión de ninguna empresa privada. Sin embargo, cada vez que Solbes o el ministro de Industria, José Montilla, reflexionan sobre la necesidad de presidentes "honestos y profesionales", se propaga la idea de que tarde o temprano habrá cambios en las cúpulas de las empresas privatizadas.
En la frase que repite el Gobierno, también cabe una posible estrategia consistente en convencer a los principales accionistas de las compañías sobre la conveniencia de un cambio en la presidencia. Al final, sería una decisión del consejo de administración. Formalmente, no se podría decir que el Gobierno ha echado a nadie. Esta es la estrategia que siguió el PP para promover el relevo de Juan Villalonga como presidente de Telefónica. Sólo hizo falta buscar el apoyo del BBVA y de La Caixa.
Las ganas del Ejecutivo para intentar cambiar las cúpulas se han incrementado tras comprobar, según fuentes del Gobierno, que algunos presidentes de estas grandes compañías han paralizado la acción de la empresa, "frenando proyectos e inversiones muy concretas".
