Los economistas insisten en la necesidad de una moratoria fiscal para que las empresas puedan capear mejor las dificultades de la crisis provocada por el coronavirus. En una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; el Consejo General de Economistas y el Registro de Economistas Asesdores Fiscales (REAF) insisten en esta medida. Es la segunda vez en que piden estas actuaciones a la titular de Hacienda.
En la misiva, firmada por el presidente del consejo, Valentí Pich, y el del registro, Jesús Sanmartín, proponen «la ampliación de los plazos de ingreso de las autoliquidaciones cuyo vencimiento se produzca a partir de la entrada en vigor de dicha norma, estableciendo un segundo vencimiento alternativo hasta el 1 de junio, salvo que el estado de alarma se amplíe hasta después del 3 de mayo, en cuyo caso se ampliará por los días que exceda de dicha fecha».
Aseguran que, de esta forma, «los contribuyentes que quieran presentar las autoliquidaciones en plazo podrán hacerlo y, si son pymes, conservarán la posibilidad de aplazar su pago seis meses, y hasta 30.000 euros, de manera casi automática, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto-ley 7/2020». Y, a la vez, «el Estado solo vería diferidos los ingresos del resto de contribuyentes poco más de un mes, y se obviarían los problemas que tienen las empresas para confeccionar sus declaraciones debido a las restricciones a la movilidad vigentes durante el estado de alarma».
La otra propuesta de estos colectivos profesionales es que los contribuyentes del impuesto sobre sociedades «puedan modificar la opción de cálculo del pago fraccionado del impuesto al presentar la declaración del primero de ellos». A su juicio, «esta medida permitirá adecuar los pagos fraccionados del 2020 a la base imponible de ese ejercicio, también para los contribuyentes cuyo volumen de operaciones no haya superado los 6 millones de euros en los 12 meses anteriores al inicio del ejercicio».
Pich y Sanmartín reconocen que la situación es «muy difícil» ante prioridades como el gasto sanitario, pero reiteran la necesidad de aliviar las obligaciones tributarias de las empresas en las circunstancias actuales. «El Gobierno, ante esta situación ha reaccionado, como tiene que ser, taponando vías de agua, con el objetivo de que el problema sea transitorio y no se cronifique cuando se pueda retomar la actividad, contando con unos recursos muy limitados, por ahora con una difusa ayuda de la UE aún pendiente de concretar, y teniendo que tomar decisiones a toda velocidad», agregan.
Además, admiten que las medidas tributarias han de formar parte de «una estrategia global» y valoran las tomadas hasta ahora, como la flexibilización de aplazamientos de autoliquidaciones para pymes y la ampliación de determinados plazos de los procedimientos tributarios, pero defienden «dar un paso más en algunos aspectos».
