El vicepresidente ejecutivo y consejero delegado de Meliá, Gabriel Escarrer, tiene prohibida la entrada a Estados Unidos por la ley del embargo estadounidense, conocida popularmente como Helms-Burton.

La compañía ha confirmado que Escarrer recibió el pasado 11 de octubre una carta del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que podrían haber recibido también otras empresas con intereses en Cuba, por la que en caso de no aceptar "una serie de condiciones relacionadas con la actividad en Cuba de empresas filiales", en un plazo de 45 días se le prohibiría el acceso a los Estados Unidos de América.

Las condiciones impuestas "no resultaban asumibles para la compañía", según explica Meliá, que advierte que su cumplimiento sería contrario a la normativa europea. Además, la hotelera se ampara en la normativa europea (Estatuto de Bloqueo). "Se ha puesto en manos de las instituciones nacionales españolas y, especialmente, de las autoridades comunitarias, la resolución de esta cuestión, confiando que su dedicación, diligencia y estrecha colaboración acabarán dando una satisfactoria solución a esta situación", indica la compañía en un comunicado.

La administración Trump vinculó la notificación a la actividad que determinadas empresas filiales mantienen con entidades públicas cubanas para la gestión de dos hoteles situados en la región de Holguín, que estarían ubicados en una parcela de una propiedad expropiada a la familia Sanchez Hill a finales de los años 50 del siglo pasado, según explica Meliá. La hotelera recuerda que unos "supuestos representantes" de la familia Sánchez Hill iniciaron una demanda en España que fue desestimada íntegramente por los tribunales españoles en primera instancia.

Washington activó el año pasado el artículo IV de la Ley Hems-Burton (jamás activado) que permitiría a los norteamericanos reclamar ante los tribunales las propiedades expropiadas en Cuba, lo cual afecta a muchas empresas con operaciones en este país, sobre todo, en el sector hotelero como Meliá, NH, Iberostar o Barceló. En total, hay más de 5.900 reclamaciones certificadas por un monto de 9.000 millones de dólares, entre ellas el aeropuerto de La Habana o el de Santiago de Cuba que si se levanta el artículo podrían ser objeto de reclamación.

La compañía hotelera, que cuenta con más de una treintena de establecimientos en la isla, ratificó su interés por Cuba a mediados del año pasado ante la junta de accionistas, a pesar del levantamiento del artículo IV de la ley del embargo. "Cuba tiene futuro como destino turístico de excepción, y ese futuro estará unido, indisolublemente, al nombre de Meliá", remachó entonces Escarrer.