La patronal de las grandes eléctricas, Aelec, ha reclamado este viernes a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que revise al alza la remuneración del 5,58% que planea aplicar a la distribución eléctrica entre el 2020 y el 2025. Ello es necesario, ha advertido, para "atraer las elevadas inversiones necesarias" (41.846 millones de euros) para cumplir el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima del Gobierno e "incentivar realmente" la descarbonización de la economía mediante la electrificación.

Aprovechando las nuevas competencias que le transfirió el Ejecutivo por imposición europea, la CNMC aprobó a principios de julio varias circulares en las que incluía una recorte sin precedentes en la retribución que reciben las empresas energéticas por prestar actividad reguladas: 21,8% y 17,8% de bajada en el transporte y distribución de gas, y 8,2% y 7% en los de electricidad, respectivamente. Este viernes acaba el plazo para presentar alegaciones. El Ministerio de Transición Ecológica ya ha anunciado que comparte el "enfoque general", pero ha convocado una reunión con el regulador porque tiene algunas "consideraciones" sobre la metodología.

IMPACTOS DISTINTOS

Las empresas gasistas son las más perjudicadas, como ha quedado claro por las advertencias de Naturgy y Enagás de que podrían llevar a la CNMC a los tribunales. En cambio, eléctricas como Iberdrola y Endesa, si bien se han opuesto a los planes del regulador, han sostenido que el recorte tendría un impacto pequeño en sus cuentas. De Aelec, precisamente, forman parte estas dos últimas y Naturgy, además de las más pequeñas EDP y Viesgo, lo que probablemente explica el tono de crítica moderada de su comunicado.

La patronal, así, asegura que los modelos de remuneración planteados son "insuficientes y no dan las señales adecuadas para la descarbonización de la economía" y por ello pide una "retribución razonable" de las inversiones. "También es necesario un diálogo continuo con el sector y transparencia para evitar que un exceso de complejidad en la normativa genere incertidumbre en los planes operativos y de inversión de los agentes", añade.