"Son fuegos de artificio," dijo ayer el presidente argentino Néstor Kirchner tras la segunda sentencia judicial en Estados Unidos que congela propiedades del Estado argentino en ese país --entre ellas, la casa del embajador en Washington-- a solicitud de un fondo buitre con sede en las islas Caimán que quiere recuperar 172 millones de dólares, el valor real de títulos de la deuda argentina que compró a precio basura tras la suspensión de pagos.
"Y si luego nos embargan los salarios?", quiso saber desde Washington un diplomático presa del pánico. "Nos quieren extorsionar", le respondieron desde Buenos Aires.
Argentina ya apeló la medida, amparada en la Convención de Viena que hace inembargables los bienes usados como sedes diplomáticas. Mientras el Gobierno resta dramatismo al asunto, algunos periodistas argentinos no pierden la oportunidad de presagiar escarmientos mayores para el país que en el 2001 dejó de pagar una deuda de 84.000 millones de dólares y que trata de reestructurar ese pasivo con una quita del 75%.
El FMI y el G-7 volvieron a presionar para que se aceleren las negociaciones con los acreedores privados sobre la base de una oferta más tentadora, teniendo en cuenta el crecimiento económico del 2003, del 8%. Argentina, sin embargo, no quiere destinar al pago de su deuda más del 3% de su superávit. Kirchner volvió a ponerse firme en público y dijo que no adoptará ninguna decisión sobre el endeudamiento que, como en los 90, "signifique el genocidio de los argentinos" y frene el ciclo virtuoso.
