Con suelo y con techo, como las hipotecas cuestionadas por los tribunales. El Gobierno pretende que a partir del año que viene --este año subirán entre un 0,8% y un 1%-- las pensiones mejoren como mínimo el 0,25% en momentos de recesión o crisis y como máximo el índice de precios de consumo (IPC) más 0,25 puntos en etapas de bonanza. La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, sorprendió a los sindicatos UGT y CCOO y las patronales CEOE y Cepyme con esta iniciativa que apuesta por abandonar la actual revalorización automática con la inflación por una nueva fórmula que tendrá en cuenta además los ingresos y gastos del sistema de prestaciones y su "salud" financiera.

A falta de una mayor concreción sobre la nueva modalidad de cálculo, los representantes sindicales, tras la reunión, mostraron su temor de que el nuevo sistema de revalorización "no garantizará el poder adquisitivo" de los pensionistas como lo hace en la actualidad la fórmula que, además, está consagrada en el Pacto de Toledo, dijeron. Báñez, taxativa, afirmó que con la modalidad propuesta las prestaciones "nunca bajarán ni se congelarán".

Para determinar el nuevo índice se tendrá en cuenta un periodo de 11 años. Recordó también que el 27% de todo el gasto del sistema se debe a las revalorizaciones de las pensiones y que el propio Pacto de Toledo prevé la posibilidad de utilizar otros índices de revalorización basados, entre otros, en el crecimiento de los salarios, la evolución de la economía o la de las cotizaciones sociales. Báñez aseguró que con el PP, los pensionistas no han perdido poder adquisitivo y previó que la inflación en noviembre, cuando en principio será la última revalorización con el sistema actual, será de entre el 0,8% y el 1%. "El 70% ganarán un 1% y el resto o se quedarán como están o ganarán unas décimas", dijo la ministra.

BENEFICIARIOS Báñez propuso también que las pensiones futuras se adecúen a la esperanza de vida de los beneficiarios con el denominado factor de sostenibilidad. Eso, que supondrá un recorte de las mismas porque se percibirán sumas totales similares pero durante más tiempo, se basa en que "ante contribuciones iguales, los pensionistas actuales y futuros reciban prestaciones similares". Este ajuste, que según la ministra se realiza en otros países de la Unión Europea, entrará en vigor en el 2019 y no afecta a quienes ya cobran la pensión.El nuevo factor se aplicará una sola vez a las nuevas pensiones. Según los cálculos del Ministerio, de media, se ganan 16 meses de esperanza de vida cada 10 años. Báñez explicó que el factor de sostenibilidad se revisará cada cinco años y que este evitará "la discrecionalidad" de los gobiernos, ya que se impone un mecanismo automático.

El objetivo del Gobierno es enviar el proyecto de ley al congreso a finales de este mes. De esta forma habrá de plazo hasta finales de este año para llegar "al máximo consenso posible". Este proceso de diálogo se trasladará también al resto de grupos parlamentarios en el marco del Pacto de Toledo para garantizar la sostenibilidad del sistema, aseguró la titular de Empleo.

La propuesta del Gobierno se produce después del informe de la comisión de expertos de junio pasado en el que se defendía el factor de sostenibilidad. Empleo ha descartado la fórmula de revalorización de los expertos porque, a su entender, era "demasiado volátil", con grandes subida en las etapas de bonanza y bajadas en las de recesión. Asume la propuesta de factor de sostenibilidad, pero no con la celeridad que proponían la mayoría de expertos, sino a partir del 2019.

Esta medida de "garantizar que personas de distintas generaciones tengan pensiones similares", ya estaba prevista en la ley 27/2011, con la que se ha retrasado gradualmente la edad de jubilación hasta los 67 años en el 2027. La ministra explicó que el factor de sostenibilidad "hace equitativo el sistema en el medio y largo plazo" y lo convierte en "autofinanciado". También recordó que ha padecido déficit en los últimos años.