Los empresarios condenados hasta ahora por su responsabilidad en accidentes laborales han eludido el ingreso en prisión. Las penas menores a los dos años, que permiten librarse de entrar en la cárcel, o la falta de sentencias firmes explican esta circunstancia, según fuentes jurídicas y sindicales consultadas.
La pérdida de libertad se cumple con penas superiores a los dos años si se trata de condenados sin antecedentes penales. Las sentencias más duras se han dictado hasta ahora en juzgados penales de primera instancia y en casos en los que ha fallecido el trabajador.
En estos casos, se aplica el artículo 142 del Código Penal, que prevé una pena de uno a cuatro años por homicidio imprudente. En uno de los últimos fallos, el Juzgado de lo Penal número 13 de Madrid condenó, el 30 de septiembre, a tres años de prisión a un empresario por homicidio con imprudencia y por no facilitar las medidas de seguridad a los empleados.
POTENCIAL PELIGRO La Audiencia de Madrid impuso una condena de tres años de prisión al gerente, el jefe de obra, el encargado y los arquitectos por poner en grave peligro a los trabajadores de una obra en la que no se cumplía la ley de prevención de riesgos laborales. Carmelo Plaza, de CCOO, ha anunciado que el sindicato pedirá el ingreso en prisión de los condenados.
CCOO de Madrid ha hecho un recuento de los casos de sentencias emitidas en los que ha ejercido la acusación. De 80 accidentes mortales o graves, 41 ya tienen resolución judicial. Y de estos, hay 30 sentencias condenatorias y 11 exculpatorias de los empresarios.
Los sindicatos y varias fuentes jurídicas consultadas consideran "preocupante" la sentencia de la Audiencia de Barcelona que exculpa de responsabilidad penal a un empresario y al aparejador de una obra que incumplía las medidas de seguridad y en la que el albañil Enrique Pociños quedó tetrapléjico.
La vía penal está muy concurrida, según Federico Durán, expresidente del Consejo Económico y Social y responsable del área laboral del despacho de abogados Garrigues. La expectativa de conseguir una indemnización mayor, con más rapidez y menos costes que por la vía civil incentiva, a juicio de Durán, las reclamaciones penales. Esta vía, añadió, debería estar reservada a dilucidar la responsabilidad penal en los verdaderos delitos.
