Fuentes de Endesa insistieron ayer en que sus estatutos impiden que un competidor obtenga representación en su consejo de administración, por lo que La Caixa, accionista de referencia de Repsol YPF y de Gas Natural, no podrá participar en la gestión de la eléctrica. La empresa gasística compite con Endesa en los mercados de la generación y la comercialización eléctrica, así como en la venta de gas, según la eléctrica.

El consejero delegado de Endesa, Rafael Miranda, ya dijo la semana pasada tras presentar los resultados de la compañía que la pretensión de La Caixa de entrar en el consejo de administración de la eléctrica es "imposible" porque sus estatutos impiden la entrada de empresas competidoras. La Caixa confirmó recientemente que ha solicitado de forma oficiosa a la cúpula de Endesa su interés en contar con representación en su consejo.

La intención de la caja de entrar en Endesa se ha visto reforzada después de que la Comisión Nacional de la Energía (CNE) haya publicado las nuevas clasificaciones de operadores principales en los mercados energéticos, y en las que la eléctrica que preside Manuel Pizarro y Gas Natural no coinciden en la misma lista.

OPERADOR PRINCIPAL La normativa actual establece que una entidad no puede estar a la vez en los consejos de dos operadores principales de un mismo negocio energético, ya sea el eléctrico, el de los hidrocarburos gaseosos o el de los líquidos. Al no coincidir Gas Natural y Endesa en una misma lista, se interpreta que la puerta del consejo de administración de la eléctrica ha quedado abierta para la entrada de La Caixa.

No obstante, las fuentes de Endesa subrayaron que "se trata de una cuestión mercantil y de buen gobierno corporativo", y que la limitación establecida por los estatutos es independiente del hecho de que el competidor sea principal, o no, en uno de los mercados energéticos identificados por la CNE.

Medios oficiales precisaron el viernes que la CNE debería requerir a Endesa a que cumpla con las normas, como ya lo hizo con Enagás al reclamarle que modificara sus estatutos para adaptarlos a la obligación de que ningún accionista tenga más del 5% de los derechos políticos.