La Unión Europea ha movido esta semana su primera ficha para reforzar uno de los pilares sobre los que se sustenta el complejo entramado que une, de momento, a sus 28 estados miembros. La presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, se ha propuesto blindar el compromiso social de la Unión para con sus ciudadanos. Y más para con sus trabajadores, pues la líder alemana pretende que los estados converjan hacia salarios mínimos que representen, en cada uno de los diferentes países, el 60% de sus salarios medios.
La idea no es establecer un baremo único, consciente el nuevo Ejecutivo de las disparidades que pueblan la Unión, pero no por diversa esta propuesta tiene tintes de ser más aceptada.
Un nutrido grupo de patronales de diferentes estados ya rechazó en febrero del año pasado esta idea, tal como se evidenció formalmente en una votación en el Comité Económico y Social Europeo (CESE). Y entre los sindicatos, pese a que cuenta con un apoyo mayoritario, la idea no emana un consenso unánime.
La Comisión Europea ha comenzado hablando de salarios con los agentes económicos y lo ha hecho mediante dos rondas de consultas que han empezado esta semana y se extenderán durante las próximas seis.
En estas, los interlocutores podrán trasladar sus propuestas al Ejecutivo europeo y más tarde se transcribirán en un texto más concreto para ahondar en el debate. La segunda fase también se extenderá durante otras seis semanas y acabará traduciéndose en un documento que se enviará a las instituciones europeas.
A partir de ahí el camino se promete tortuoso, ya que algunas voces sindicales, como la de Comisiones Obreras, señalan que la propuesta de salario mínimo a nivel europeo debería transformarse en una directiva comunitaria, algo que ven «difícil».
