España confía en que la nueva Comisión Europea (CE) dé un empujón a la negociación sobre la Directiva de igualdad de trato, que lleva diez años bloqueada por la falta de acuerdo entre los países para adoptar esta legislación, que ampliaría la protección europea frente a la discriminación.
«Tenemos muchas esperanzas en la nueva Comisión y en que todas las cuestiones que han quedado pendientes vean la luz definitivamente. Una de ellas es esta», dijo ayer la ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio, en declaraciones durante un consejo de ministros del ramo de la Unión Europea (UE).
Los ministros de Empleo y Política Social mantuvieron un debate sobre la propuesta, que fue presentada por la Comisión Europea en el 2008 y todavía no ha sido adoptada. El objetivo era ampliar las normas europeas contra la discriminación por razón de religión, discapacidad, edad u orientación sexual.
Actualmente solo garantizan la igualdad de trato en el área de empleo y la directiva busca extenderlo a áreas como la protección social, el acceso a la vivienda, la educación o a la asistencia sanitaria, acabando con las lagunas que existen actualmente.
Sin embargo, varios países se oponen a la medida, impidiendo alcanzar la unanimidad necesaria para aprobarla: algunos creen que su legislación nacional es suficiente y otros alegan que la Directiva europea estaría invadiendo sus competencias en este área.
«Sería muy importante que ciertas cuestiones que son relevantes para millones de personas no se bloqueen», dijo Valerio, que confió en que la futura Comisión -que empezará a funcionar el 1 de diciembre- dé un impulso a las iniciativas en materia de Asuntos Sociales que han quedado pendientes y a nuevos planes, como la creación de un Seguro de Desempleo Europeo o la Garantía Infantil contra la pobreza.
