España se presentará en la cumbre de Washington como un país con un sistema financiero solvente incluso en tiempos de crisis y defenderá que la revisión del modelo internacional cuente con medidas preventivas como las provisiones de las que están obligadas a dotarse los bancos españoles.

España también defenderá, en línea con las argumentaciones de la UE, que el Fondo Monetario Internacional tenga un papel relevante en el control y la supervisión de las nuevas reglas del juego que se propongan o decidan.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero vio ayer cumplido su deseo de participar en la reunión del G-20 que va a estudiar la revisión del sistema financiero internacional ante la crisis, aunque ya desde hace semanas tiene preparadas sus propuestas, y las ha explicado en más de una ocasión dentro de su insistente campaña por estar en esta cita.

Según explicaron a EFE fuentes del Ministerio de Economía, muchas de las propuestas españolas se han incluido en la posición unitaria que defenderá la UE el 15 de noviembre.

Una de las razones que ha esgrimido España para estar en Washington es la fortaleza de su sistema financiero y su modelo de supervisión y control, que ha alejado a las entidades bancarias del país de buena parte de las operaciones de riesgo que han agravado la crisis de los mercados.

Este sistema también ha obligado a los bancos a dedicar parte de sus ganancias a provisiones preventivas para afrontar impagos, aumentos de la morosidad e incluso menos captaciones de capital, problemas todos ellos propios de un momento de crisis como el actual.

España propone que el sistema financiero mundial refuerce este marco prudencial y lo haga con criterios anticíclicos, de forma que los bancos no se dejen llevar por la bonanza y guarden algo de lo ganado en previsión de momentos peores.

La idea de las provisiones figura como uno de los cinco ejes sobre los que, según el Gobierno español, se tiene que revisar el sistema para conseguirse unos "estándares financieros globales", según explicó recientemente el secretario de Estado de Economía, David Vegara, cuando expuso las propuestas del Ejecutivo para un debate internacional.

El primer eje sería el del reforzamiento de la transparencia, ampliando la calidad y la facilidad de comprensión sobre los distintos instrumentos financieros, incluidos por ejemplo los "hedge funds" (fondos de inversión libre).

Se pretende, en definitiva, acabar con esa "complejidad" que, como recordó recientemente el vicepresidente segundo, Pedro Solbes, se produce con productos financieros cuyo contenido conoce el banco, pero no el cliente que se compromete con esa inversión.

Otra área sobre la que actuar es la de la resistencia: reforzarla para que los mercados puedan seguir funcionando en situaciones de "estrés", y mejorar la transparencia de operaciones poco o nada reguladas.

Como ejemplo, España señala que hay que aumentar la transparencia de las operaciones no organizadas u "over the counter" (OTC), aquellas que no pasan por el control de ninguna bolsa o mercado y cuyo precio deciden las partes en un acuerdo.

Precisamente, desde julio la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) recomienda a las entidades que declaren las OTC de las que tengan conocimiento.

Por otro lado, el Gobierno español quiere que se estudie cómo incorporar el denominado "apalancamiento" -la capacidad de endeudamiento- de los agentes no financieros dentro de la regulación y supervisión.

A este respecto, Pedro Solbes señaló recientemente en Bruselas que hay que tener en cuenta el endeudamiento de las familias y las empresas -que en España es muy elevado- a la hora de supervisar a las entidades financieras, que son las que les conceden los créditos.

El quinto eje de medidas a estudiar es el que reclama un "cambio de cultura" en el gobierno de las empresas financieras, para que opten por las operaciones a medio y largo plazo y dejen a un lado la especulación de los movimientos a corto plazo y evitar, según Solbes, los problemas que éstos han generado en los últimos años.

España defenderá estas propuestas en la cumbre de Washington, un encuentro en el que ha insistido en estar tanto por el tamaño de la economía del país como por la solvencia y eficacia de su sistema financiero, así como por las lecciones aprendidas de crisis pasadas y los aspectos positivos que han demostrado su supervisión y su regulación en la coyuntura financiera actual.