España forma parte del grupo de países retrasados en la Unión Europea (UE) y que probablemente no podrá cumplir los objetivos de modernización económica fijados en el programa UE-2020, según ha revelado un informe comparativo elaborado por Eurostat, el organismo europeo de estadísticas. España fracasa estrepitosamente en empleo, investigación, abandono escolar y en población expuesta al riesgo de pobreza. España sólo destaca por encima de la media europea en energías renovables y en porcentaje de población con título universitario, pero aún sin cumplir ninguna de las metas europeas.
La tasa de empleo española se sitúa en el 59,3% para la población entre 20 y 64 años, mientras que el objetivo europeo a alcanzar en el 2020 es el 75% y la media europea se sitúa en el 68,5%. España ya se fijó un objetivo más bajo, el 74%, pero ese también parece fuera de alcance tras la masiva destrucción de empleo provocada por la crisis económica y financiera y por la pésima gestión gubernamental de ambas.
El volumen total de inversión pública y privada en investigación y desarrollo (I+D) en España se limita al 1,3% del producto interior bruto (PIB) pese a las mejoras de toda una década, mientras que el objetivo a alcanzar es el 3% y la media europea se sitúa ya en el 2,03%.
Otro elemento muy grave es el elevadísimo porcentaje de fracaso escolar, porque compromete la capacidad futura de crecimiento económico y desarrollo de España. El porcentaje de jóvenes de 18 a 24 años que abandonan la educación sin haber concluido la educación secundaria asciende aún al 24,9%, mientras que el objetivo europeo es rebajar ese porcentaje por debajo del 10% y la media europea se sitúa en el 12,8%. España se fijó ya un objetivo menos ambicioso que el estipulado por la UE, rebajar el abandono escolar al 15%, pero ese modesto objetivo también parece inalcanzable.
En España además existen 13,09 millones de personas expuestas al riesgo de pobreza o de exclusión social, una cifra que no ha parado de aumentar desde los 10,37 millones que se encontraban en esa precaria situación en el 2007. España se había comprometido a reducir las personas expuestas a la pobreza a un máximo de 8,9 millones en el 2020, pero este objetivo también resulta inalcanzable dada la creciente precarización del empleo y los recortes de salarios, de las pensiones y de la protección social.
