El Ministerio de Fomento prevé rescatar en febrero la primera de las nueve autopistas de peaje quebradas (la radial R-4 entre Madrid y Ocaña) y absorber las restantes en marzo. Todo ello dentro de un proceso que incluye devolver la gestión al sector privado antes de que acabe el año y que, según los cálculos que maneja el Gobierno, podría acabar costando un mínimo de 1.000 millones a los contribuyentes.
«No sabemos cuál será la cifra definitiva» dijo el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez Pomar. Según el alto cargo de Fomento, el Estado prevé ingresar entre 700 y 1.000 millones de euros en diciembre del 2018 cuando culmine el concurso para adjudicar al sector privado la explotación de las autopistas rescatadas por un periodo de 25 años. La cantidad dependerá del tráfico y las tarifas que se incorporen a los pliegos de licitación.
Esta cantidad de hasta 1.000 millones de euros no logrará compensar las cantidades que Fomento tendrá que abonar a los fondos de inversión en función de la responsabilidad patrimonial de la administración derivada de los procedimientos judiciales de las autopistas que se encuentran en concurso de acreedores. Gómez Pomar evitó anticipar cifrar la citada responsabilidad patrimonial de la administración (RPA).
El pasado mes de abril, en el Plan de Estabilidad 2017-2020 remitido a Bruselas el Gobierno cifró la RPA en 3.500 millones. En octubre, en el Plan Presupuestario del 2018 enviado a la Comisión Europea esta cifra fue rebajada a la de «más de 2.000 millones de euros». Si se da por buena esta última estimación y se toman en cuenta los ingresos de entre 700 y 1.000 millones que Fomento espera obtener por la reprivatización de la gestión de las autopistas, resultaría una pérdida de algo más de 1.000 millones para el erario público como resultado del proceso de rescate de estas vías impulsadas por el Gobierno de José María Aznar.
