La propagación del coronavirus y el temor a una recesión sin precedentes de la economía europea no solo han llevado a Bruselas a suspender, por primera vez en su historia, la disciplina fiscal del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Desde mediados de marzo la Comisión Europea ha modificado también en dos ocasiones el marco temporal de ayudas de estado para permitir a los gobiernos de la UE salir al rescate e inyectar miles de millones en subsidios públicos para la supervivencia de sus empresas.
Esto ha suscitado muchas críticas, ya que los países con un mayor margen fiscal tienen también mayor capacidad de fuego para apoyar a las empresas más golpeadas por la crisis y prueba de ello es que más de la mitad de las ayudas públicas -1,95 billones de euros a través de más de 160 decisiones- corresponden a Alemania (51%), muy por delante de Francia (17%) o Italia (15%), los únicos que superan el 10%.
Aunque Bruselas debe asegurarse de que la ayuda no distorsiona la igualdad de las condiciones en el mercado interior, es un riesgo creciente del que llevan alertando semanas España y otros países de la Eurozona. «No tenemos ninguna razón para criticarla. La Comisión Europea ha relajado significativamente las reglas por la crisis del coronavirus y es perfectamente aceptable que los estados con el margen fiscal adecuado lo utilicen», dijo el comisario Paolo Gentiloni a Handelsblatt sobre las inyecciones masivas de Berlín. A raíz de la primera modificación, Bruselas autoriza a los Estados a conceder subvenciones directas, ventajas fiscales selectivas y anticipos de hasta 800.000 euros a cada empresa para hacer frente a las necesidades urgentes de liquidez y mantenerse a flote. También, las garantías de estado para préstamos bancarios a empresas, créditos públicos a tipos de interés subsidiados, canalizar subvenciones a la economía real a través de los bancos y seguros de crédito a la exportación a corto plazo.
La segunda modificación abre todavía más este grifo y deja, aunque bajo estrictas condiciones, nacionalizar temporalmente empresas permitiendo «intervenciones públicas» en forma «de ayudas destinadas a la recapitalización de empresas no financieras» y reducir el riesgo para el conjunto de la economía europea.
