El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, logró ayer alcanzar un preacuerdo con los sindicatos que dará luz verde al Estatuto Básico del Empleado Público, unas condiciones homogéneas para los 2,5 millones de empleados de las tres administraciones, similar al que rige el Estatuto de los Trabajadores en el sector privado. El texto, que persigue la modernización de la función pública, será enviado al Parlamento antes del verano con el fin de que entre en vigor en el 2007.
El Estatuto Básico del Empleado Público llevaba estancado dos décadas. El nuevo texto --que será firmado oficialmente con las centrales el próximo 12 de junio--, es respetuoso con las competencias de las comunidades autónomas y supone una reforma de las normas que rigen para los empleados públicos (muchas de ellas vigentes desde hace más de 50 años), para acercarlas a las necesidades del siglo XXI, explicó Sevilla.
Los ayuntamientos, que sufrían hasta ahora un cierto vacío legal, también estarán sujetos en lo básico a este texto y a las directrices que fije su comunidad autónoma. Como avanzó este diario, una de las principales novedades del nuevo estatuto es que todos los empleados públicos deberán pasar por un sistema periódico de evaluación. De él dependerá su salario y, lo que es más importante, su permanencia en el puesto.
Las tareas de los funcionarios se establecerán en virtud de una filosofía basada en el mérito, la capacidad y la experiencia. Las tareas dependerán de unos objetivos que deberán ser transparentes y negociados previamente con los representantes de los trabajadores. Los sistemas de evaluación, tanto en los procesos de selección como en los de control de las tareas encomendadas, aún están por pactar.
Todas las administraciones deberán iniciar un proceso de regularización de los interinos con antigüedad anterior al 1 de enero del 2005. Las que no lo hagan, serán penalizadas.
