La comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo (PE) abogó hoy por prolongar las ayudas estatales a las minas de carbón no competitivas hasta el 31 de diciembre de 2018, con lo que prorroga así en más de cuatro años el plazo propuesto por la Comisión Europea (CE). Los eurodiputados aprobaron con 32 votos a favor, 8 en contra y 4 abstenciones esa petición, que no tiene carácter vinculante, pues la Eurocámara sólo es consultada en este expediente. El informe parlamentario se enmarca en la preparación del nuevo reglamento sobre las ayudas al carbón, que debe sustituir al actual, que expira el próximo 31 de diciembre. Si los Estados miembros no logran un acuerdo, las subvenciones -especialmente importantes para España, Alemania y Polonia- tendrían que suspenderse a finales de año. Bruselas defiende poner fin a todas las ayudas como muy tarde en octubre de 2014 y garantizar que para esa fecha, todas las minas no rentables estén cerradas. Para la comisión de Asuntos Económicos del PE, la fecha es "arbitraria y no está justificada por la evaluación de impacto" efectuada por el propio Ejecutivo comunitario. Los eurodiputados defienden 2018 como una "solución aceptable" y piden además una reducción más gradual de los subsidios que la planteada por Bruselas. "El volumen global de las ayudas al cierre concedidas por un Estado miembro a una determinada empresa deberá seguir una tendencia descendente cuya reducción anual no debe ser inferior al 10% de la ayuda concedida en el año inicial del plan de cierre", señala el texto aprobado. Mientras, la CE propone una reducción de al menos el 33 por ciento sobre un período de 15 meses. La postura de la comisión económica del PE coincide en lo fundamental con la opinión de la comisión de Industria, que hoy también votó a favor de mantener las ayudas hasta 2018. Anteriormente, la comisión de Desarrollo Regional había pedido extender los apoyos hasta 2020, una posición similar a la que defendían eurodiputados socialistas españoles en la comisión de Asuntos Económicos. Sus enmiendas en este sentido, al igual que las de algunos parlamentarios del Partido Popular (PP) que querían prorrogar los subsidios hasta 2022, no prosperaron. El informe aprobado finalmente, redactado por el socialdemócrata alemán Bernhard Rapkay, considera que el cierre de las minas deficitarias en los términos planteados por la CE obligaría a corto plazo a algunos países "a hacer frente a graves consecuencias sociales y regionales". La decisión final sobre el nuevo reglamento del carbón corresponde a los ministros de los Veintisiete. España ha defendido en todo momento la conveniencia de mantener las ayudas por el carácter estratégico del carbón en la garantía del suministro energético en Europa, un argumento que comparten otros países mineros como Alemania, Polonia, Rumanía y Hungría. Mientras, otros socios, especialmente los escandinavos, apoyan las tesis de Bruselas y consideran necesario proceder al cierre de las instalaciones no rentables.