La Comisión Europea tiene previsto advertir hoy de nuevo a España tanto por sus graves desequilibrios económicos, como por su altísima tasa de paro, el elevado nivel de endeudamiento público y privado y su excesiva dependencia de la financiación exterior, según indicaron ayer fuentes comunitarias. Esta será la tercera advertencia que recibirá el Gobierno español de la Unión Europea (UE) desde el 2012 por los graves desajustes que padece la economía nacional. Ante la persistencia de esos desequilibrios, el Ejecutivo comunitario tiene previsto volver a realizar un análisis en profundidad sobre la economía española para verificar si las reformas emprendidas por el Gobierno de Mariano Rajoy son suficientes para corregir los desequilibrios detectados, que amenazan la sostenibilidad de la economía y de las finanzas públicas, según precisaron las citadas fuentes.

La Comisión Europea, explicaron las mismas fuentes, vigilará en especial si la reforma laboral es suficiente y adecuada para rebajar el nivel de desempleo, que el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, ha calificado en repetidas ocasiones de "insoportable". El Ejecutivo comunitario también analizará si la reforma de las pensiones y de la política de empleo son suficientes para recortar el creciente déficit de la seguridad social, que compromete la reducción del déficit público español a niveles sostenibles.

Durante el último examen europeo sobre desequilibrios económicos, España suspendió en seis de los once indicadores: déficit excesivo en la balanza de pagos por cuenta corriente, excesiva dependencia de la financiación exterior de la economía, pérdida de cuota de mercado de las exportaciones, excesivo nivel de deuda privada, excesivo nivel de deuda pública y tasa de paro demasiado elevada. La Comisión Europea concluyó el pasado abril después del examen en profundidad realizado a un grupo 13 estados miembros de la UE que España y Eslovenia eran los únicos países que presentaban "desequilibrios económicos excesivos".

MEJORAS EN EXPORTACIONES El Gobierno asegura que a lo largo de este año el crecimiento de las exportaciones ha reducido drásticamente el elevado déficit español en la balanza de pagos por cuenta corriente y que los productos españoles han ganado cuota de mercado exterior. Sin embargo, como el análisis de la Comisión Europea se basa en la media de los tres últimos años, la mejora en el 2013 puede resultar aún insuficiente para que pueda considerarse que España ha aprobado ya estas asignaturas económica del conjunto de los 11 indicadores. Por el contrario, otro indicador clave como la tasa de paro ha continuado subiendo y seguirá por encima del 26% durante el 2014, con un descenso muy ligero previsto en el 2015 hasta el 25,3%.

La deuda pública, a causa del déficit de las administraciones públicas y del elevadísimo coste del saneamiento de la banca, acabará este año por encima del 94% del PIB, 34 puntos porcentuales por encima del listón fijado en el Tratado de la UE. Está previsto, además, que la deuda pública continúe subiendo para llegar al 104,3% del PIB en el 2015. A pesar de los ajustes realizados por los hogares y las empresas, la deuda privada española también sigue siendo muy elevada y supera el listón del 160% del PIB que marca la frontera entre lo sostenible y lo desequilibrado. En el anterior examen de la Comisión Europea la deuda privada española equivalía todavía al 218% del PIB.

A causa de la crisis, de la baja inversión directa española en el exterior, del elevado déficit público y del enorme volumen de deuda pública y privada, España sigue manteniendo una excesiva dependencia de la financiación extranjera para el funcionamiento de su economía y de su Estado, en un porcentaje que supera el 90% del PIB y que viene creciendo desde el 35,6% del 2001. Por lo que se prevé que España vuelva a suspender este indicador también.

La Comisión Europea hará público además el viernes su opinión sobre si los proyectos de presupuestos nacionales en trámite en los estados de la UE para el 2014 cumplen las recomendaciones europeas sobre reducción del déficit público con una estructura del gasto público que favorezca el crecimiento económico.