La Comisión Europea aprobó hoy una ayuda de 1,69 millones de euros para 1.082 trabajadores del sector del automóvil que han perdido su empleo en doce empresas de Castilla y León y Aragón, anunciaron a EFE fuentes comunitarias. Los fondos provendrán del Fondo Europeo de Globalización y fueron solicitados por el Gobierno español después del despido de trabajadores de tres fábricas de automóviles y nueve empresas de componentes, seis en cada comunidad autónoma.
El Parlamento Europeo y el Consejo, autoridades presupuestarias de la Unión Europea (UE), deberán ahora dar luz verde a dichas ayudas. Castilla y León cuenta con cuatro fábricas de automóviles, dos de Renault en Valladolid, otra de esta marca en Palencia, una de Nissan en Ávila y otra de Iveco en Valladolid.
Renault aplicó en noviembre un Expediente de Regulación de Empleo en una de sus fábricas en Valladolid y en la de Palencia, mientras que Iveco y Nissan tienen en marcha otro, con varias jornadas de parada en sus factorías, para ajustar la producción a la caída del mercado. Además de estas grandes fábricas, las regulaciones de empleo afectan a un importante número de empresas auxiliares, en gran parte de Castilla y León, que dependen del ritmo de trabajo de esas multinacionales.
En Aragón, la planta de General Motors España, ubicada en Figueruelas (Zaragoza), aplica también desde noviembre un ERE que afectará a 600 puestos de trabajo durante un año de los casi 8.000 que forman su plantilla. Deberá reducir la producción de vehículos en un 20 por ciento para este año. GM Europa tiene una falta de liquidez de 750 millones de dólares (595 millones de euros) en toda Europa, cantidad de la que depende el lanzamiento de 20 modelos hasta el 2012, incluidos los nuevo Opel Corsa y Meriva, que se producirán en la fábrica zaragozana.
El Fondo de ayuda a la globalización está diseñado para facilitar la reincorporación al mercado laboral, mediante la mejora de sus capacidades, de trabajadores que pierden su empleo como consecuencia directa del proceso de globalización. La CE ha propuesto elevar su dotación actual, de 500 millones de euros anuales, para beneficiar a trabajadores despedidos en el actual contexto de crisis.
