Suprimir la creación de nueva vivienda protegida (VPO) y, a cambio, destinar el dinero público a favorecer el mercado del alquiler, es una de las medidas más atrevidas que plantea la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) en su propuesta de reforma del mercado inmobiliario, presentada ayer.
El documento plantea acabar con la deducción por compra de vivienda (respetando los derechos adquiridos), sustituir el impuesto de transmisiones patrimoniales por un recargo sobre el impuesto de bienes inmuebles, y una reforma de la ley de arrendamientos urbanos. En concreto se plantea reducir de 5 a 1 año la duración mínima de los contratos y atribuir a los notarios la facultad de declarar el desahucio en caso de impago. El objetivo del informe es abrir un debate sobre el mercado de la vivienda y su contribución a superar la crisis, reducir el paro y favorecer un nuevo modelo productivo.
El objetivo conecta con el propósito del Gobierno de estimular el alquiler. Ayer, el Senado aprobó el proyecto de ley que permite no prorrogar el contrato si hijos, padres o cónyuge necesitan la vivienda; agiliza el desahucio y la reclamación de rentas mediante juicio verbal.
