La polémica ampliación del periodo para calcular las pensiones tendría un efecto limitado en las cuentas de la Seguridad Social, según la conclusión de un estudio elaborado por la fundación Fedea. Tanto José Antonio Herce --coautor del estudio junto a Javier Alonso-- como otros expertos afirman, en artículos publicados por la revista de la fundación de las cajas de ahorros, la necesidad de reducir las prejubilaciones y alargar la vida laboral como reforma eficaz.

Después de más de un siglo del nacimiento de la Seguridad Social, la edad legal de jubilación continúa en 65 años, aunque la edad media del retiro es de 63 años. José Barea defiende ir más allá de la jubilación flexible aprobada recientemente y fijar en 70 años la edad mínima para dejar de trabajar.

POCAS VENTAJAS

El estudio de Fedea concluye que el pago de las prestaciones sociales en función de las cotizaciones de los 35 años anteriores al retiro, en vez de los 15 actuales sólo reduciría el gasto del Estado en 1,9 puntos, del 17,23% del producto interior bruto (PIB) al 15,34%, en el 2050. Según los autores, la ampliación del periodo de cálculo "alivia en parte tan sólo la insuficiencia financiera" que se empezaría a manifestar en 2020, en consonancia con otros estudios que no prevén problemas, como mínimo, hasta el 2015.

A partir del 2020, las proyecciones indican que el superávit del Seguro se reducirá hasta el 0,10% del PIB y que en el 2025 habrá un déficit del 0,92%. Sin reformar el sistema, el déficit llegaría al 6,77% del PIB, y el gasto en pensiones, al 17,23%.

Estos son los efectos globales en las cuentas del Seguro de la medida más polémica que se encuentra sobre la mesa del Pacto de Toledo. El impacto máximo sobre la pensión media de las nuevas altas en las jubilaciones comportaría un recorte del 18,4% en el 2050. Un estudio anterior del experto de Fedea Juan Francisco Jimeno estimó un descenso de la pensión media del 10% si se calculara con los 30 años anteriores al retiro, que podía llegar al 30% si se cuentan todos los años cotizados. El Gobierno ha expresado en varias ocasiones la conveniencia de pagar las pensiones en función de toda la vida laboral.

OTRAS AMPLIACIONES

La ampliación del periodo de cálculo no es nada nuevo en España. En 1985 se aumentó la base de cálculo de dos a ocho años, con una reducción de las pensiones nuevas del 13%, según Fedea. En 1997 se puso en marcha la extensión de 8 a 15 años, que ha recortado un 3% las nuevas jubilaciones en comparación con las condiciones vigentes anteriormente.

El estudio de Herce y Alonso revisa la creciente inmigración, que, según los autores, alivia la insuficiencia financiera del sistema de pensiones. El informe concluye que los jóvenes tendrán que soportar un aumento desproporcionado de las cotizaciones.